Conflictividad laboral se duplica en 4 meses: el ajuste económico tensiona industria y empleo
Despidos, cierres, suspensiones y quiebras son las principales causas, lejos de estar vinculadas a la legislación laboral vigente y sí directamente asociadas a la crisis económica y al deterioro de sectores estratégicos.
El aumento de los conflictos laborales en Argentina no es un fenómeno aislado: refleja la profundización de un modelo económico que, según analistas, combina ajuste fiscal, desregulación y apertura importadora con una significativa reducción del empleo industrial y la precarización del trabajo.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) registró que, desde las elecciones de octubre de 2025, los casos mensuales de conflictividad laboral pasaron de 24 a 42, acumulando 717 situaciones entre enero de 2024 y febrero de 2026.
El sector industrial concentra la mayor parte de los conflictos: 62,1% del total, con especial afectación en textil, alimentos, metalurgia y caucho-neumáticos, donde empresas como FATE evidencian capacidad operativa reducida al 30%. Los servicios representan 16,9% de los conflictos, mientras que comercio y primario suman 17,7%, mostrando la amplitud de la afectación sobre distintas ramas de la economía.
El impacto social es transversal. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 se perdieron 290.600 puestos de trabajo registrados. Los despidos explican el 63,6% de los conflictos, seguidos por cierres de empresas (12,3%) y suspensiones (10%). La distribución geográfica evidencia una concentración en la zona centro del país, con Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba a la cabeza, mientras que provincias como Tierra del Fuego y Tucumán también registran incidencias significativas.
En paralelo, la organización Fundar documenta que 21.938 empresas cerraron desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza, de las cuales 10.123 lo hicieron solo en el último año. La caída interanual afectó a 22 de 24 provincias, con descensos más pronunciados en La Rioja (-12%), Catamarca (-11,2%) y Chaco (-10,24%).
Para analistas, estos indicadores muestran que la conflictividad laboral no deriva de trabas legales sino de un contexto de pauperización planificada, donde la política económica y la complicidad de grandes grupos empresariales tensionan derechos laborales y condiciones de vida. El debate legislativo que La Libertad Avanza llevará este jueves a la Cámara de Diputados se produce en un marco de creciente conflictividad y deterioro estructural del empleo formal.
