La Justicia logra extraer datos clave del celular de Diego Spagnuolo

Este éxito técnico podría ser crucial para confirmar la veracidad de los audios en los que Spagnuolo menciona estar involucrado en el pago de sobornos.

Un avance significativo se ha logrado en la investigación por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal) de la Procuración General de la Nación logró extraer información del teléfono celular del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, a pesar de que este se negó a entregar la clave de acceso.

Con la información del móvil de Spagnuolo ya en manos de los investigadores, el foco se desplaza hacia los teléfonos de otros actores clave en la causa. Se espera que los dispositivos de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivkrer, accionistas de la droguería Suizo Argentina, también sean peritados.

Esta empresa es mencionada en los audios como el presunto origen de los sobornos a laboratorios. También se analizará el teléfono de Daniel Garbellini, otro ex funcionario de ANDIS, quien a diferencia de los demás, sí entregó su clave de acceso. La justicia espera además la comparecencia de Eduardo Kovalivkrer, el padre de los empresarios, también implicado en la investigación.

La polémica en Nordelta y las declaraciones del jefe de seguridad

El caso también ha puesto en la mira al jefe de seguridad del barrio privado Nordelta, Ariel De Vicentis. En su declaración indagatoria, De Vicentis negó haber alertado a los hermanos Kovalivker de la llegada de la policía.

Aunque admitió que se comunicó con los agentes para verificar la orden de allanamiento, insistió en que sus acciones fueron parte de su “responsabilidad profesional” y negó cualquier tipo de encubrimiento u obstrucción a la justicia. No obstante, las sospechas persisten, ya que uno de los hermanos logró retirarse del lugar momentos antes de que los efectivos ingresaran, levantando cuestionamientos sobre la eficacia de los operativos y la posible connivencia interna en el country.

La situación procesal de De Vicentis está ahora en manos del juez Sebastián Casanello, quien deberá decidir si su rol en el incidente constituye un delito. Este capítulo subraya las complejidades y las múltiples aristas de una investigación que está revelando una presunta red de corrupción que salpica tanto a funcionarios públicos como a empresarios de alto perfil.