Cerró Fideos Italia en Tandil, despidió a su personal y busca evitar el pago total de indemnizaciones
El trasfondo es más amplio: en tiempos de crisis, la frontera entre reestructuración legítima y maniobra para reducir costos laborales se vuelve el principal campo de disputa.
El cierre de la histórica fábrica Fideos Italia en Tandil dejó a siete trabajadores en la calle y abrió un conflicto que trasciende lo empresarial para inscribirse en el actual clima de crisis económica y debate por la reforma laboral.
Con más de dos décadas de antigüedad en promedio, los empleados denuncian que la firma intenta eludir el pago completo de las indemnizaciones tras paralizar la producción y enviar los telegramas de despido.
El conflicto se formalizó el viernes 13 de febrero en una audiencia en la sede local del Ministerio de Trabajo bonaerense. Allí no hubo acuerdo y se pasó a un cuarto intermedio hasta el 5 de marzo. La empresa argumenta que atraviesa una situación económica insostenible que le impide afrontar las indemnizaciones, mientras que los trabajadores sostienen que no se inició ningún procedimiento preventivo de crisis que respalde esa postura.
En los telegramas, la firma invocó el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo —que contempla despidos por fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador y habilita el pago del 50% de la indemnización—, pero, según denuncian los empleados, no acreditó ante la autoridad laboral las causales que justificarían esa reducción.
Gustavo Scarpello, delegado local del Sindicato Argentino de Trabajadores de la Industria Fideera (Satif) y trabajador con 27 años en la planta, aseguró que agotarán todas las instancias legales para cobrar “lo que corresponde”. También advirtió que, de no haber avances, podrían impulsar movilizaciones junto a la Mesa Intersindical local para visibilizar el reclamo.
El caso expone un doble frente de tensión. Por un lado, la fragilidad de pequeñas y medianas industrias alimenticias en un contexto recesivo. Por otro, la disputa sobre los límites legales en situaciones de cierre empresario. La utilización del artículo 247 sin la apertura formal de un procedimiento de crisis coloca el conflicto en una zona gris: si la empresa no logra demostrar fuerza mayor, debería abonar la indemnización completa; si lo prueba, podría reducirla a la mitad.
En un escenario donde el gobierno de Javier Milei impulsa cambios estructurales en la normativa laboral, el caso de Tandil se convierte en un ejemplo concreto de las tensiones entre viabilidad empresaria y derechos adquiridos. Para los trabajadores, el temor no es solo la pérdida del empleo, sino que el cierre siente un precedente de flexibilización de hecho en el pago de despidos. Para la empresa, el argumento es la supervivencia económica.
