Causa fentanilo contaminado: casi 100 muertos, cero detenidos y un sistema que no responde
Mientras el número de víctimas sigue en ascenso y el techo de la tragedia permanece desconocido, el caso se convierte en un espejo incómodo para un sistema judicial que parece actuar más como notario de la catástrofe que como garante de justicia.
La tragedia del fentanilo contaminado ya suma 97 muertes confirmadas y, a más de tres meses del estallido del caso, no hay un solo detenido. El dato, por sí solo, expone una doble crisis: la sanitaria, por la magnitud de la intoxicación masiva, y la institucional, por la incapacidad del Estado para dar respuestas judiciales y preventivas.
El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, actualizó la cifra de víctimas y confirmó que todas recibieron dosis provenientes de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo. Ambos productos estaban adulterados con las mismas dos bacterias detectadas en los pacientes fallecidos, quienes desarrollaron cuadros fulminantes de neumonía mientras permanecían en terapia intensiva.
El mapa de muertes se expande: tres casos en el Hospital Interdistrital “Evita” de Formosa, uno en la Clínica Vélez Sarsfield de Córdoba, siete en el Instituto del Diagnóstico de Santa Fe y nueve en el Hospital Regional Español de Bahía Blanca, entre otros. La dimensión geográfica revela que no se trató de un incidente aislado, sino de una cadena de fallas en el control de insumos médicos que atravesó varias provincias.
Pese a la gravedad, la investigación judicial avanza a paso lento. De los 24 imputados —con bienes inhibidos y prohibición de salir del país— ninguno fue arrestado. Entre ellos, Ariel García Furfaro, señalado como uno de los principales responsables, se defendió alegando un “complot” en su contra, sin que la justicia haya dado todavía una respuesta sólida a las acusaciones ni a las evidencias que lo comprometen.
Recién ahora, y tras tres meses de búsqueda, la Justicia Federal localizó las 232 ampollas faltantes del lote adulterado. La tardanza en encontrar material crítico para la causa plantea un interrogante inquietante: ¿cuánto tiempo más estuvieron en circulación productos que podían matar?
El reclamo de los familiares de las víctimas ante el Congreso para declarar la emergencia sanitaria y prohibir el uso del fentanilo de los laboratorios involucrados choca con una inacción política llamativa. La tragedia no solo muestra la fragilidad de los mecanismos de control sanitario en Argentina, sino también un patrón de impunidad: casi un centenar de muertes, pruebas concretas y una cadena de responsabilidad que, por ahora, sigue sin traducirse en justicia.
