Causa ANDIS: el allanamiento a Ornella Calvete profundiza el cerco sobre la red de desvío de fondos
El allanamiento, más que un episodio aislado, muestra cómo la investigación empieza a cercar a los actores clave de un sistema que, durante años, habría drenado fondos destinados a una de las poblaciones más vulnerables. La causa no solo interpela a los implicados, sino también al funcionamiento de los controles internos del Estado, cuya debilidad permitió que un fraude multimillonario quedara oculto hasta ahora.
El allanamiento realizado este viernes en la oficina de Ornella Calvete, en la Secretaría de Industria del Ministerio de Economía, marca un nuevo punto de inflexión en la causa ANDIS, una investigación que ya compromete a funcionarios de alto rango y que expone uno de los escándalos de corrupción más significativos del gobierno.
La policía secuestró computadoras, teléfonos y documentos pertenecientes a la exdirectora nacional de Economía, hija de Miguel Ángel Calvete, uno de los principales acusados por el desvío de unos $43.000 millones destinados originalmente a programas de discapacidad y que, según la fiscalía, terminaron en manos de diversas droguerías.
La investigación, revelada en el programa La Última Pregunta por la periodista Martina Garbarz, tomó impulso en las últimas semanas tras la aparición de mensajes borrados que la Justicia logró recuperar, un hallazgo que refuerza la hipótesis del armado de una estructura organizada para manipular contratos, fondos y cobros indebidos. Según explicó el conductor Antonio Fernández Llorente, el fiscal decidió no basar el avance de la causa en los audios que circularon inicialmente, sino en pruebas más sólidas obtenidas a través de pericias digitales y documentación interna, lo que le dio mayor consistencia jurídica al expediente.
El procedimiento sobre la oficina de Calvete no solo amplía el mapa de implicados, sino que también evidencia la profundidad del entramado: funcionarios, intermediarios y proveedores habrían conformado un circuito destinado a desviar recursos públicos críticos hacia empresas privadas. A esta altura, la causa ya reúne testimonios, documentos y pericias suficientes como para avanzar incluso prescindiendo del material sonoro que inicialmente destapó el escándalo.
