Causa AMIA: la Justicia argentina ordenó la captura internacional de un alto funcionario iraní
En un nuevo avance en la causa por el atentado a la AMIA, el juez federal Daniel Rafecas dispuso la captura internacional del funcionario iraní Alí Asghar Hejazi, a quien se señala como una pieza clave en la planificación del ataque ocurrido el 18 de julio de 1994. La medida incluye el pedido a Interpol para la emisión de una alerta roja, con el objetivo de avanzar en su indagatoria.

La decisión judicial se sustenta en elementos reunidos por la UFI-AMIA, que ubican a Hejazi dentro del denominado Comité Vijeh, un órgano estatal iraní en el que, según la investigación, se habría definido el blanco del atentado y diseñado su ejecución.
El acusado fue, además, estrecho colaborador del líder supremo iraní Alí Khamenei, lo que refuerza la hipótesis de una decisión tomada en altas esferas del poder.
Pese a este avance, el juzgado optó por no dictar el procesamiento de otros diez sospechosos de origen iraní y libanés. La resolución responde a una cuestión procesal aún pendiente: la definición de la Cámara de Casación sobre la constitucionalidad de la Ley de Juicio en Ausencia, un instrumento clave para juzgar a imputados que no se encuentran en el país.
En paralelo, la Justicia argentina formalizó un pedido de cooperación a Irán, con el propósito de canalizar la citación judicial de Hejazi. Su incorporación al expediente es interpretada como un eslabón relevante dentro de la estructura que habría planificado el ataque.
En cuanto al encuadre legal, el tribunal también avanzó en la reformulación de cargos contra varios imputados, entre ellos Alí Fallahijan y Mohsen Rabbani, quienes ahora enfrentan acusaciones bajo la figura de asociación ilícita. Según la fiscalía, el grupo Hezbollah habría operado como un instrumento creado por Irán para ejecutar atentados a nivel global.
Si bien esta reinterpretación no introduce hechos nuevos, sí modifica el enfoque jurídico del caso, lo que podría derivar en penas más severas en un eventual juicio. Los acusados continúan imputados por homicidio agravado por odio racial o religioso, en relación con las 85 víctimas fatales, además de las lesiones a 151 personas y los cuantiosos daños materiales ocasionados por el atentado en la Ciudad de Buenos Aires.
