Causa Adorni: declaran las presuntas financistas de la compra de uno de sus inmuebles

La investigación judicial que tiene como protagonista al jefe de Gabinete Manuel Adorni avanza hacia una etapa decisiva, marcada por la declaración de dos mujeres señaladas como presuntas aportantes del dinero utilizado en la compra de uno de sus inmuebles.

Las testimoniales de Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, ante el fiscal Gerardo Pollicita, se vuelven claves para esclarecer el origen de los fondos y la consistencia de la operatoria financiera declarada.

De acuerdo con el expediente, ambas figuran como acreedoras de un préstamo privado que asciende a 100.000 dólares, fragmentado en dos montos.

Este esquema de financiamiento, que habría permitido concretar la adquisición de un departamento en el barrio de Caballito, despierta interrogantes en torno a su verosimilitud y respaldo documental, especialmente en un contexto donde la transparencia patrimonial de los funcionarios es objeto de creciente escrutinio.

Uno de los elementos más sensibles del caso radica en la coincidencia temporal de operaciones inmobiliarias dentro del círculo cercano del funcionario. El mismo día de la compra del departamento, la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, concretó la adquisición de otra propiedad en un country de la provincia de Buenos Aires. Esta simultaneidad no solo resulta llamativa, sino que también refuerza las sospechas sobre posibles mecanismos coordinados de inversión o, en un plano más crítico, eventuales estrategias para disimular el origen de los fondos.

En este escenario, el eje de la investigación judicial se centra en reconstruir la trazabilidad del dinero, un aspecto clave para determinar si las operaciones responden a prácticas regulares o si encubren irregularidades. La declaración de las presuntas financistas adquiere así un peso determinante: de su consistencia dependerá, en gran medida, la credibilidad del préstamo declarado frente a la hipótesis de una posible maniobra de justificación patrimonial.

La causa, lejos de cerrarse, se encamina hacia nuevas instancias probatorias. En los próximos días, otras testigos —también vinculadas a la operación como vendedoras del inmueble— deberán declarar sobre un esquema que incluyó adelantos y una hipoteca sin intereses, condiciones poco habituales que intensifican las dudas de los investigadores. En conjunto, el expediente expone no solo un caso particular, sino también las debilidades estructurales en los mecanismos de control sobre el patrimonio de los funcionarios públicos.