Catalano contra el DNU de Milei: “El Gobierno demoniza la protesta y destroza el derecho a reclamar”

En declaraciones radiales, el dirigente acusó al presidente Javier Milei de “demonizar la protesta social” y sostuvo que la nueva normativa “destroza la posibilidad de que los trabajadores puedan llevar adelante un reclamo legítimo”.

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Daniel Catalano, criticó con dureza el reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno nacional que limita el derecho a huelga en servicios esenciales.

Las declaraciones de Catalano se dan en un contexto en el que el Ejecutivo acelera su avanzada contra las expresiones sindicales y la movilización popular, bajo el argumento de mantener el orden y garantizar servicios básicos. Sin embargo, desde el sindicalismo sostienen que la medida no solo restringe derechos constitucionales, sino que forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para debilitar a los actores colectivos que se oponen al ajuste.

Un DNU que redefine el conflicto laboral
El nuevo decreto establece fuertes limitaciones a los paros en sectores considerados estratégicos, como la salud, la educación y el transporte. Además, endurece las condiciones para la legalidad de las protestas, planteando sanciones y restricciones que podrían criminalizar la acción gremial. Para Catalano, esto representa un intento de disciplinamiento de la clase trabajadora.

“Este decreto destroza la posibilidad de que los trabajadores puedan llevar adelante un reclamo”, dijo Catalano, y alertó que la gestión libertaria “naturaliza la violencia institucional”, al tiempo que insistió en que el reclamo social debe trasladarse nuevamente al espacio público: “Hay que ir a la Plaza de Mayo. Esto no se resuelve en los despachos de Tribunales”, sostuvo.

Protesta y represión: la otra cara del ajuste
Las declaraciones del dirigente estatal también apuntaron a la creciente represión de las movilizaciones sociales, en particular las realizadas por jubilados y organizaciones de base. “No podemos naturalizar que caguen a palos a los jubilados todos los miércoles”, denunció Catalano, haciendo referencia a los operativos policiales frente al Congreso durante distintas manifestaciones.

Estas expresiones condensan un clima de tensión creciente entre el Gobierno y los movimientos sociales y sindicales, que denuncian no solo la pérdida del poder adquisitivo, sino también la eliminación de espacios institucionales de negociación como las paritarias nacionales. “Queremos una paritaria nacional docente, la devolución de la coparticipación a las provincias”, exigió el referente gremial, señalando también el impacto federal de las medidas de ajuste fiscal impulsadas por la Casa Rosada.

¿Rumbo autoritario? El debate sobre los límites democráticos

Catalano fue más allá y calificó a Milei como un presidente con “condición monárquica”, aludiendo al estilo de liderazgo unilateral que, en su visión, desconoce los límites del sistema republicano y democrático. Esta caracterización no es casual: cada vez más voces dentro del sindicalismo, la oposición y sectores académicos alertan sobre el uso abusivo de los decretos, la concentración de poder y la represión como formas de gobierno.

En ese marco, el conflicto con los sindicatos no parece simplemente un capítulo más de la disputa entre el Ejecutivo y los gremios, sino una batalla cultural e ideológica en torno al rol del Estado, los derechos colectivos y la legitimidad de la protesta en democracia.

Cuando el reclamo se vuelve resistencia

Las declaraciones de Catalano reflejan un punto de inflexión: para los gremios, ya no se trata solo de pelear por salarios o condiciones laborales, sino de resistir un modelo que busca redefinir las reglas del juego político y social. Enfrente, un Gobierno que avanza con decisión en su cruzada contra lo que denomina “la casta” sindical, y que no parece dispuesto a ceder frente a la presión callejera.

La disputa por el derecho a protestar ya está instalada. Lo que está en juego ahora es el modelo de país y de convivencia democrática que se impondrá en los próximos meses.