Caso LIBRA: la Justicia excluyó a los inversores afectados como querellantes
El fallo también adquiere una particular relevancia por el momento institucional en que fue adoptado. La resolución de Llorens y Bertuzzi se conoció apenas un día después de que ambos magistrados prestaran juramento para completar la integración de la Cámara Federal porteña, luego de haber sido propuestos por el Gobierno.
La Justicia Federal porteña resolvió apartar del expediente a cinco inversores afectados por la criptomoneda LIBRA que buscaban constituirse como querellantes en la causa. La decisión de la Sala I de la Cámara Federal vuelve a colocar en el centro de la discusión el alcance de la responsabilidad frente a quienes denuncian haber sido perjudicados por una operatoria que consideran fraudulenta.
Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi respaldaron el criterio adoptado previamente por el magistrado federal Marcelo Martínez de Giorgi y rechazaron la pretensión de Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo de intervenir formalmente como particulares damnificados.
El argumento central del tribunal es que la adquisición de LIBRA se produjo dentro de un mercado caracterizado por su elevada volatilidad, escasa regulación y exposición al riesgo. Desde esa perspectiva, los magistrados consideraron que quienes ingresaron voluntariamente a ese tipo de operaciones conocían las posibles consecuencias patrimoniales de sus decisiones.
El fallo sostiene, en consecuencia, que las pérdidas denunciadas por los inversores no alcanzan por sí mismas para acreditar la existencia de una maniobra delictiva. Para la Cámara, los damnificados no pudieron demostrar de manera concreta cuál habría sido el engaño o la afirmación falsa que los llevó a comprar el token, ni establecer un vínculo directo entre esa supuesta maniobra y el perjuicio económico posteriormente sufrido.
La resolución supone un revés significativo para los inversores que sostienen una hipótesis diferente: aseguran haber sido víctimas de una estrategia coordinada entre sectores vinculados al poder político y desarrolladores de criptoactivos, mediante la utilización de presuntos mecanismos destinados a inducirlos a realizar operaciones perjudiciales.
Sin embargo, los camaristas entendieron que esa hipótesis aparece debilitada frente a los elementos incorporados hasta el momento al expediente. La decisión no implica necesariamente el cierre de la investigación, pero sí limita la participación procesal directa de quienes afirman haber sufrido pérdidas económicas.
