Caputo proyecta una desinflación “a estándares internacionales” en medio de tensiones por el IPC

La afirmación se inscribe en un escenario de desaceleración gradual, aunque todavía atravesado por fuertes reacomodamientos de precios relativos y tensiones institucionales.

Tras la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, que marcó una suba mensual del 2,9% y una variación interanual del 32,4%, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el proceso inflacionario argentino “convergerá a niveles internacionales”.

El informe del INDEC mostró una dinámica heterogénea: mientras los bienes acumularon un alza del 28,1% en los últimos doce meses, los servicios avanzaron 42,1%, reflejando el impacto de la actualización de tarifas y otros componentes regulados. Esta divergencia evidencia que la corrección de precios postergados continúa presionando sobre el índice general, aun cuando algunos indicadores sugieren una moderación en la inercia inflacionaria.

Caputo puso el foco en la inflación núcleo, que se ubicó en 2,6%, por debajo del nivel general, como señal de desaceleración en los componentes más persistentes. En contraste, los precios estacionales treparon 5,7%, mostrando la volatilidad propia de ciertos rubros. Según el ministro, este comportamiento responde al proceso de normalización tras un período de fuerte caída en la demanda de dinero y dolarización acelerada previa a las elecciones de octubre.

El titular del Palacio de Hacienda reiteró que la estrategia oficial descansa en tres ejes: equilibrio fiscal, control de la emisión monetaria y fortalecimiento del Banco Central. Bajo ese esquema, el Gobierno apuesta a que la nominalidad continúe descendiendo de forma sostenida, hasta alinearse con parámetros internacionales, algo que —según remarcó— no ocurre en Argentina desde hace más de veinte años.

Sin embargo, la publicación del dato inflacionario coincidió con una crisis interna en el INDEC tras la renuncia de Marco Lavagna. Su salida formalizó la postergación de la nueva metodología de cálculo del IPC, que contemplaba actualizar la canasta base de 2004 por una estructura de consumo de 2017/2018, otorgando mayor ponderación a los servicios.

Desde el Ejecutivo argumentaron que el cambio metodológico debe aplicarse una vez consolidada la desaceleración para evitar distorsiones estadísticas en medio del reordenamiento de precios relativos. La implementación se proyecta ahora para julio o agosto. La diferencia de criterios sobre el momento oportuno para introducir la nueva fórmula fue, según trascendió, el punto central que precipitó la salida de Lavagna.

Así, el dato de enero no solo reavivó el debate sobre la velocidad de la desinflación, sino también sobre la credibilidad y consistencia técnica de las estadísticas oficiales en un contexto de transición económica.