Axel Kicillof cruzó a Milei sobre Malvinas y lo acusó de actuar con oportunismo
El enfrentamiento entre Nación y Provincia vuelve así a colocar a Malvinas en el centro de la disputa política interna. Mientras Milei intenta imprimirle un nuevo impulso al reclamo soberano, Kicillof cuestiona la oportunidad y eficacia de las medidas y plantea que la defensa de los recursos del Atlántico Sur, requiere algo más que declaraciones.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof salió al cruce del mensaje de Javier Milei sobre la cuestión Malvinas y cuestionó duramente el momento elegido por el Gobierno para anunciar nuevas medidas contra empresas vinculadas con la explotación petrolera en el Atlántico Sur.
Kicillof respaldó públicamente las críticas formuladas por su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien calificó de «oportunista» la decisión presidencial y puso el foco en el tiempo transcurrido desde que las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration confirmaron su intención de avanzar con el proyecto Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte.
Bianco sostuvo que pasaron 267 días desde aquel anuncio, realizado el 10 de diciembre de 2025, hasta que el Gobierno nacional comunicó nuevas acciones administrativas contra las empresas involucradas.
Durante ese período, según su denuncia, el emprendimiento habría avanzado en distintos frentes, incluyendo financiamiento, obras y preparación de infraestructura para iniciar la producción.
El funcionario bonaerense señaló que el proyecto contempla una inversión cercana a los US$1.800 millones y estimó que podría alcanzar una producción inicial de unos 50.000 barriles diarios, con capacidad de expansión hasta los 180.000. De acuerdo con el cronograma mencionado, la extracción comenzaría en 2028.
La crítica de Kicillof y Bianco apunta, fundamentalmente, a la demora del Gobierno nacional. Según plantearon, Argentina ya contaba con instrumentos legales para intervenir frente a actividades hidrocarburíferas no autorizadas en su plataforma continental, por lo que cuestionan por qué esas herramientas no fueron utilizadas con mayor anticipación.
En ese sentido, recordaron que la Ley 26.659 contempla sanciones e inhabilitaciones para empresas que participen, financien o presten servicios vinculados con explotaciones hidrocarburíferas consideradas ilegales por el Estado argentino. También mencionaron que en 2022 Navitas fue sancionada con una inhabilitación de 20 años.
Desde la perspectiva del gobierno bonaerense, el problema no se limita a la actuación de las empresas petroleras. La presión debería extenderse, según Bianco, a aseguradoras, proveedores, entidades financieras y mercados donde cotizan las compañías que participan del proyecto.
La controversia adquiere además una dimensión política. Bianco vinculó la demora con la política exterior desplegada por Milei desde su llegada al poder y recordó sus manifestaciones de admiración hacia Margaret Thatcher, sus vínculos con figuras políticas británicas y el acercamiento diplomático del Gobierno argentino tanto al Reino Unido como a Israel.
El planteo expone una contradicción que atraviesa el debate actual sobre Malvinas: mientras el Gobierno nacional busca presentarse ahora como un actor más firme en la defensa de la soberanía argentina, desde la oposición cuestionan que esa postura haya llegado después de meses de avance de un proyecto petrolero considerado estratégico.
La discusión, por lo tanto, no se reduce a quién formula el reclamo más contundente sobre las islas. El interrogante central pasa por la capacidad del Estado argentino para anticiparse a los hechos, utilizar los instrumentos legales disponibles y construir una estrategia sostenida que combine presión diplomática, económica y jurídica.
Kicillof, por su parte, anticipó que desde diciembre de 2027 buscará impulsar una política orientada a aumentar el costo político, económico y diplomático de la ocupación británica y cuestionar las estructuras comerciales que, según su postura, permiten sostenerla.
