Autodespacho de combustibles: ¿Avance tecnológico o retroceso laboral?

Por ahora, el Gobierno apuesta al discurso de la eficiencia. Pero la verdadera modernización no se logra sólo con máquinas, sino también con políticas que incluyan a todos los actores del sistema.

En un nuevo capítulo de desregulación del mercado, el Gobierno argentino aprobó esta semana el reglamento para habilitar el autodespacho de combustibles líquidos en estaciones de servicio de todo el país. La Resolución 147/2025, publicada en el Boletín Oficial, marca el inicio de una modalidad ya vigente en países como Estados Unidos, Chile o Colombia, pero que en Argentina plantea desafíos únicos tanto en materia laboral como en seguridad.

La medida, que da luz verde a las estaciones de servicio para implementar sistemas automáticos sin necesidad de aprobación previa de la Secretaría de Energía, se presenta bajo una narrativa de modernización, eficiencia y autonomía. Según el Gobierno, esta iniciativa permitirá a los usuarios abastecerse las 24 horas, reducirá tiempos administrativos para las empresas y, además, protegerá a los trabajadores de situaciones de inseguridad, especialmente durante el turno noche.

Una desregulación con múltiples lecturas

Aunque los beneficios prometidos apelan al sentido común —más tecnología, menos burocracia, mayor autonomía—, el trasfondo de esta decisión requiere una mirada más crítica.

Para comenzar, la implementación del autodespacho no es neutra en términos laborales. Si bien no se plantea como una obligación, la historia reciente sugiere que cuando una opción de automatización se vuelve rentable, termina por desplazar mano de obra. En este caso, los trabajadores de estaciones de servicio podrían enfrentar una paulatina precarización o incluso la pérdida directa de sus empleos.

El Gobierno, por su parte, evita abordar esta dimensión del problema. Tampoco se mencionan medidas específicas para reconvertir laboralmente a los trabajadores que eventualmente sean desplazados por la tecnología. En un país con alta informalidad laboral y un mercado de trabajo golpeado, esa omisión no es menor.

¿Quién garantiza la seguridad?

Otro aspecto controvertido es la seguridad. La resolución indica que cada estación deberá cumplir con lineamientos específicos para garantizar un funcionamiento seguro del sistema, pero deja en manos de los operadores el cumplimiento de esas condiciones, sin necesidad de autorización previa. Es decir, el control será posterior, no preventivo.

En contextos donde la supervisión estatal ya es débil, confiar en la «responsabilidad empresarial» para cumplir con normativas sensibles puede ser riesgoso. ¿Quién se hace cargo si ocurre un accidente por mal uso o por una instalación deficiente? ¿Están los usuarios preparados para manipular combustibles sin asistencia?

Tecnología sí, pero con responsabilidad social

Nadie niega que el avance tecnológico sea una necesidad en todos los sectores. Sin embargo, cuando una innovación tiene impacto directo en el empleo, la seguridad y el rol del Estado como regulador, es imprescindible un debate público serio y participativo.

La modalidad de autodespacho puede ser una herramienta útil, especialmente en zonas rurales o de baja densidad, donde mantener personal en turnos nocturnos resulta poco rentable. Pero su aplicación masiva sin una estrategia de transición laboral y sin controles estrictos puede generar más problemas que soluciones.