ATE en pie de guerra: el gremio estatal pide a los gobernadores que no le den “impunidad” al Gobierno
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en “estado de alerta y movilización” y lanzó un duro mensaje contra el Gobierno de Javier Milei y los gobernadores que, hasta ahora, fueron aliados legislativos de la Casa Rosada.

La derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires abrió una crisis política que se trasladó rápidamente al frente sindical.
El detonante fue la reacción presidencial frente al revés electoral. Menos de un día después de perder por 14 puntos (47% a 33%), el vocero Manuel Adorni anunció la conformación de una mesa política nacional encabezada por el propio Milei y compuesta por su círculo de máxima confianza: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y el propio Adorni. Además, se adelantó que se abrirá una mesa de diálogo federal con los gobernadores.
Para ATE, esta jugada es “inaceptable” y una maniobra para blindar políticamente al oficialismo, antes que un intento real de corregir el rumbo. “Con una mesa política no van a hacer que los trabajadores y jubilados lleguen a fin de mes”, cuestionó Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio.
El sindicalista fue más allá y cargó directamente contra los mandatarios provinciales, quienes en distintos momentos facilitaron la aprobación de leyes clave para la gestión libertaria: “¿Y ahora los gobernadores qué van a hacer? Ojo, que esta vez serán cómplices de garantizarle impunidad a una banda de delincuentes”.
La advertencia sindical revela dos tensiones simultáneas: por un lado, la interna libertaria tras una derrota que expuso escándalos de corrupción y peleas públicas; por otro, la presión social frente a una política económica que mantiene a los trabajadores estatales y jubilados bajo asfixia salarial.
ATE intenta colocar en el centro del debate la desconexión entre las maniobras políticas del oficialismo y la realidad cotidiana de la población. Para el gremio, el Gobierno se preocupa más por preservar poder y disciplinar a su tropa que por dar respuestas a la inflación, la caída del consumo y la precarización laboral.
El pedido a los gobernadores no es inocente: apunta a los acuerdos de gobernabilidad que sostuvieron a Milei en el Congreso. Si los mandatarios provinciales vuelven a alinearse, quedarán en la mira como corresponsables de las políticas de ajuste.
Lo que está en juego no es solo el resultado de una elección provincial, sino la legitimidad del proyecto libertario en su conjunto. El desafío para el oficialismo será mostrar capacidad de gestión más allá del blindaje político, mientras que para los gobernadores la disyuntiva será clara: acompañar a un Gobierno debilitado o asumir un costo político por sostenerlo.
En este tablero, la presión sindical se convierte en un actor clave, buscando transformar la derrota electoral en una oportunidad para condicionar al oficialismo y reposicionar a los trabajadores en el debate público.
