Argentina pide frenar el fallo de Preska por YPF y advierte sobre un daño “irreparable”
En un nuevo capítulo del conflicto judicial internacional que rodea la estatización de YPF, el gobierno de Javier Milei presentó ante la jueza estadounidense Loretta Preska un pedido formal para suspender la ejecución del fallo que ordena la transferencia del 51% de las acciones de la petrolera argentina a los beneficiarios del fondo Burford Capital.
La administración libertaria, a través de su equipo legal, argumentó que cumplir ahora con la sentencia implicaría un daño irreversible para el Estado nacional y para la economía argentina, dado que aún resta la revisión del fallo por parte de la cámara de apelaciones. “No se puede poner al genio de vuelta en la botella”, subrayaron los abogados oficiales, alertando sobre la imposibilidad de revertir la entrega accionaria si, en el futuro, una instancia superior revoca la condena.
El experto Sebastián Maril, que sigue el caso de cerca, explicó que el gobierno no piensa negociar con Burford Capital mientras no exista un pronunciamiento definitivo sobre el monto indemnizatorio, que en primera instancia se calculó en unos 16.000 millones de dólares. Desde la Casa Rosada apuestan a disputar esa cifra millonaria, convencidos de que la suma podría reducirse sustancialmente en la vía judicial.
La presentación del Estado argentino también apunta a cuestionar la competencia de Preska, sosteniendo que la jueza “invade jurisdicciones” al ordenar medidas sobre activos que, según la Ley 26.741, solo podrían ser modificados con autorización del Congreso mediante mayoría agravada. “Esto no es un juicio comercial entre dos empresas privadas —expresaron en el escrito—, sino un caso que involucra a un Estado soberano y su ordenamiento legal interno”.
El propio vocero presidencial, Manuel Adorni, reforzó la posición oficial en redes sociales, afirmando que la sentencia de Preska es “jurídicamente inaplicable” por desconocer la inmunidad soberana y porque las acciones de YPF “no están en poder del Estado ni son legalmente transferibles”.
Detrás de la argumentación legal subyace un riesgo político y económico mayúsculo: la eventual pérdida de control estatal de la mayor compañía energética del país, que emplea a más de 23.000 personas y cuya conducción quedó blindada por ley tras la expropiación de 2012. Para el oficialismo, entregar hoy el paquete mayoritario a manos de fondos especulativos sería un retroceso histórico y una señal demoledora hacia el resto de los inversores internacionales.
La definición inmediata queda en manos de Preska, que podría pronunciarse en los próximos días. Sin embargo, fuentes de la administración Milei anticipan que, de ser rechazado su planteo, recurrirán de manera urgente al Segundo Circuito de Apelaciones para frenar la ejecución de la transferencia accionaria.
Más allá de la batalla judicial, el trasfondo del conflicto refleja una paradoja que golpea al gobierno libertario: mientras impulsa un programa de liberalización, enfrenta el riesgo de entregar su principal activo estatal a fondos internacionales, justamente como resultado de los coletazos de la expropiación decidida hace más de una década.
