Argentina busca traer a Maduro desde Estados Unidos para indagarlo por crímenes de lesa humanidad
La medida fue ordenada este miércoles por el juez federal Sebastián Ramos, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2, quien libró un exhorto internacional hacia Washington al constatar que Maduro —quien fue detenido y trasladado bajo custodia de Estados Unidos— se encuentra actualmente bajo jurisdicción estadounidense, donde ya afronta cargos distintos, como los de narcotráfico.
La Justicia federal argentina dio un paso de fuerte impacto internacional al solicitar formalmente a Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro Moros, con el propósito de que sea trasladado al país para ser indagado en una causa por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Esta decisión ocurre en el marco de una causa que investiga presuntas violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela, tramitada bajo el principio de jurisdicción universal: un criterio que habilita a tribunales argentinos a investigar y procesar delitos graves —como torturas o desapariciones forzadas— cometidos fuera de sus fronteras, incluso cuando no hay un vínculo directo con víctimas argentinas.
El pedido se apoya en que el propio Maduro tiene una orden de detención internacional vigente desde 2024, emitida por una instancia judicial argentina, y ahora los querellantes, junto con el fiscal federal Carlos Stornelli, buscan que se utilicen los mecanismos de cooperación internacional para hacer efectiva esa orden a través de la extradición desde Estados Unidos.
A nivel jurídico, el trámite se sustenta en el Tratado de Extradición entre Argentina y Estados Unidos de 1997, y exige la traducción urgente del exhorto para que la Cancillería argentina lo formalice ante las autoridades estadounidenses.
Desde una perspectiva crítica, la maniobra judicial plantea varias tensiones. Por un lado, pone en el centro el debate sobre la viabilidad práctica de la justicia universal, especialmente cuando el imputado está bajo la custodia de otro país con causas propias en curso, como ocurre con Maduro en Estados Unidos. Por otro, genera un escenario de posibles fricciones diplomáticas, ya que la Argentina quedará negociando con Washington sobre prioridades y plazos, en un contexto global polarizado por posiciones encontradas respecto al régimen venezolano.
Este impulso judicial —respaldado por querellantes como el Foro Argentino por la Democracia en la Región y la Fundación Apolo para el Desarrollo Democrático— intenta convertir la captura del expresidente venezolano en una oportunidad para que tribunales argentinos aborden con firmeza alegaciones de crímenes atroces, pero también exhibe las limitaciones de las herramientas legales cuando chocan con realidades geopolíticas y prioridades de jurisdicciones extranjeras.
El caso quedará ahora en manos de las autoridades diplomáticas y judiciales para coordinar el siguiente paso, que podría redefinir la dimensión regional de la causa y reconfigurar la percepción de la Argentina como actor en la justicia internacional.
