Amplían denuncia por el contrato de Cancillería con la AACI que dirige la esposa de Sturzenegger

Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la organización Reset Republicano, presentaron una ampliación de denuncia en la causa CFP 631/2026 vinculada a la contratación directa de cursos de inglés por parte de la Cancillería con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico Sturzenegger.

La presentación incorpora nuevos elementos que, según los denunciantes, refuerzan la hipótesis de posibles delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Parte de los datos añadidos surgen de una investigación periodística difundida por el periodista  Ariel Festa de la Agencia Noticias Argentinas.

Uno de los ejes de la ampliación apunta a presuntas inconsistencias en la publicidad del expediente administrativo. De acuerdo con el escrito, el Decreto 202/2017 exige la publicación de los casos tanto en la web de la Oficina Anticorrupción como en la del organismo contratante.

Sin embargo, los denunciantes sostienen que el enlace público de la Cancillería solo permitía visualizar documentación hasta cierta actuación, mientras que en el sistema interno de gestión documental (GDE) ya figuraban movimientos posteriores —incluida una comunicación entre la OA y la SIGEN y un trámite para la firma del Pacto de Integridad— que no eran accesibles en línea. El planteo sugiere un posible incumplimiento parcial del deber de transparencia activa.

En segundo término, la ampliación introduce un cuestionamiento sobre la razonabilidad económica del contrato. Según lo expuesto, durante 2025 habrían cursado apenas diez agentes bajo el esquema previo, mientras que para 2026 el cupo se habría elevado a 132 participantes.

Los denunciantes advierten que el costo por alumno podría incrementarse si no se completa la matrícula prevista, lo que abre interrogantes sobre la planificación presupuestaria y la proporcionalidad del gasto público comprometido.

Otro punto central refiere a la justificación técnica de la contratación por “especialidad”. La AACI habría fundamentado su condición de proveedor exclusivo en su carácter de “Centro Platino” para exámenes Cambridge en la Ciudad de Buenos Aires que además dicta cursos de preparación. No obstante, los denunciantes sostienen que existirían otros centros con estatus equivalente en la jurisdicción, lo que, de confirmarse, debilitaría el argumento de unicidad que sustenta la modalidad de adjudicación directa.

Asimismo, se cuestiona la publicación del proceso en el buscador de “Casos informados” de la Oficina Anticorrupción. Según la presentación, el expediente no figuraba el 15 de febrero de 2026 y habría sido incorporado días después, por lo que se solicitó una pericia técnica para determinar la fecha real de carga y establecer si existió una demora relevante en la publicidad del trámite.

En el encuadre jurídico, los denunciantes plantean que los hechos podrían configurar nuevas infracciones administrativas en los términos del artículo 248 del Código Penal y, eventualmente, encuadrar en el artículo 265 —relativo a negociaciones incompatibles— si se comprobara algún grado de favoritismo o influencia indebida por parte del ministro.

Más allá de la definición judicial que adopte la causa, el caso vuelve a situar en el centro del debate público la necesidad de reforzar los mecanismos de control, transparencia y prevención de conflictos de intereses en las contrataciones estatales, especialmente cuando involucran vínculos personales con altos funcionarios.