Allanaron la casa de Fred Machado en Vietma
La investigación, que conecta tribunales argentinos y estadounidenses, promete extenderse en el tiempo y convertirse en un caso testigo sobre los límites difusos entre negocios privados, financiamiento político y crimen organizado.
El cerco judicial en torno a Federico “Fred” Machado se estrechó en las últimas horas con un allanamiento en su vivienda de Viedma, donde el empresario cumple prisión domiciliaria a la espera de su extradición a Estados Unidos por narcotráfico.
El operativo, ordenado por la Justicia federal e instruido por el fiscal Federico Domínguez, se enmarca en una investigación por presunto lavado de dinero que también involucra al diputado José Luis Espert.
El caso cobró fuerza tras la denuncia presentada por Juan Grabois, quien pidió indagar sobre un pago de 200 mil dólares que Espert reconoció haber recibido de Machado en 2020. Ese episodio no solo precipitó su renuncia como candidato a diputado, sino que además derivó en su imputación formal el martes pasado, apenas horas antes de la detención del empresario. El juez federal Lino Mirabelli delegó la instrucción de la causa en Domínguez, lo que aceleró las medidas judiciales.
La hipótesis de la fiscalía es que el dinero podría tener origen en una organización criminal procesada en Texas por tráfico de drogas, lo que encuadraría la operación en el delito de lavado de activos, penado en la Argentina con hasta diez años de prisión. En paralelo, la Justicia estadounidense incorporó la presunta transferencia al expediente USA v. Mercer-Erwin et al., en el que se investiga a Machado y a otros socios por operaciones financieras y logísticas ligadas al narcotráfico.
El allanamiento en Viedma busca rastros documentales o tecnológicos que permitan esclarecer si los fondos y los recursos que Machado habría puesto a disposición de Espert —vehículos y aeronaves durante la campaña presidencial de 2019— formaban parte de una estrategia de encubrimiento financiero.
En el plano político, la causa ya tuvo impacto: la imputación de Espert lo dejó en una situación delicada frente al Congreso, donde la oposición impulsa su expulsión. Aunque el legislador alega que el pago fue un “adelanto de honorarios” por asesoramiento económico a la minera guatemalteca Minas del Pueblo, la versión contrasta con la evidencia recogida en expedientes judiciales internacionales y alimenta sospechas sobre un posible vínculo entre la política argentina y capitales de origen ilícito.
