Alerta por 1.600 despidos en Vialidad Nacional

Esta medida, impulsada por el administrador Marcelo Campoy y alineada con las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei, busca disminuir costos y transformar estructuralmente el organismo encargado del mantenimiento y la seguridad de los caminos nacionales.

En un giro significativo en la política vial del país, Vialidad Nacional ha anunciado un plan de despidos masivos que afectará a 1.600 empleados, reduciendo su plantilla de 5.400 a 3.800 trabajadores.

El impacto de estos despidos será especialmente notable en el «Distrito 1» de la provincia de Buenos Aires, el más grande del país. La selección del personal afectado ha sido realizada por funcionarios recientemente incorporados al organismo, quienes, a pesar de su experiencia política, carecen de antecedentes en gestión vial. Entre ellos se encuentran Martín Luis Augusto y Vanesa Viviana Gioia, quienes han liderado la confección de la lista de desvinculaciones.

Además de los despidos, el ajuste incluye la paralización de todas las obras viales en curso, independientemente de su grado de avance. La justificación oficial se basa en restricciones presupuestarias que impiden la continuidad de los proyectos, lo que podría afectar gravemente la infraestructura y la seguridad vial del país.

Esta decisión también repercute en las empresas contratistas, que verán suspendidos sus contratos de manera indefinida. A su vez, coincide con el vencimiento de la concesión de la empresa Caminos del Río Uruguay (CRUSA), responsable del mantenimiento de la Autovía del Mercosur y el puente Rosario-Victoria. A partir del 9 de abril, el Estado asumirá temporalmente el control del corredor vial, eliminando el cobro de peajes en varias estaciones. Sin embargo, esta transición deja en la incertidumbre a casi 500 empleados de la concesionaria, quienes no serán absorbidos por la administración pública.

Las medidas adoptadas por Vialidad Nacional han generado un fuerte rechazo entre sectores sindicales y trabajadores, quienes advierten sobre la pérdida de puestos laborales y el deterioro de la infraestructura vial como consecuencias directas del ajuste. Mientras tanto, el gobierno continúa avanzando en su plan de reestructuración, con el objetivo de privatizar servicios y reducir la intervención estatal en la gestión vial del país.