Alberto Fernández procesado por violencia de género
El fallo del magistrado también incluyó un embargo de $10 millones sobre Fernández, quien enfrenta cargos por los delitos de lesiones leves y graves cometidas contra Yañez.
El expresidente Alberto Fernández fue procesado este lunes por el juez federal Julián Ercolini en el marco de una causa por violencia de género iniciada por su expareja, Fabiola Yañez, a mediados de 2024.
La denuncia presentada por Yañez, quien actualmente reside en Madrid con su hijo Francisco, hijo en común con Fernández, se basa en hechos ocurridos entre 2016 y el 6 de agosto de 2024, fecha en la que la denuncia fue formalizada. Según la fiscalía, los hechos se habrían producido en un «contexto de violencia de género», evidenciado por la relación desigual de poder entre el expresidente y su expareja.
A través de testimonios de Fabiola Yañez, familiares cercanos, allegados a la expareja y hasta personal de la Quinta de Olivos, se pudo reconstruir una serie de episodios de violencia física, psicológica y económica. La ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer fue clave para determinar las distintas formas de violencia ejercidas, lo que permitió sustentar las acusaciones contra el exmandatario.
En cuanto a la pena, los delitos de lesiones leves y graves por los que fue procesado Fernández podrían conllevar hasta 18 años de prisión, en caso de una eventual condena. La denuncia no solo abarca hechos de violencia física, sino también aspectos relacionados con violencia psicológica y económica, lo que refleja una serie de agresiones en distintas facetas durante la relación.
Por su parte, la defensa de Alberto Fernández, encabezada por la abogada Silvina Carreira, intentó apartar al juez Ercolini del caso, alegando un presunto «temor de parcialidad». Este pedido se basó en el hecho de que Ercolini también investiga al expresidente en otra causa vinculada a una posible corrupción en la compra de seguros del Estado durante su mandato. Sin embargo, hasta el momento no ha habido respuesta favorable a su solicitud.
El proceso legal continúa, y el expresidente enfrentará una serie de audiencias y pruebas adicionales para dilucidar la gravedad de las acusaciones y la eventual pena que podría recaer sobre él si se confirma la culpabilidad.
