Alarma en la industria de maquinaria agrícola: En riesgo más de 100 mil trabajadores
La reciente decisión del Gobierno nacional de habilitar la importación de maquinaria agrícola usada mediante el Decreto 273/25 ha encendido una fuerte alarma en uno de los sectores industriales más estratégicos del país: la maquinaria agrícola nacional, que emplea directamente a 40.000 personas y genera más de 100.000 puestos de trabajo en toda su cadena de valor.
Desde la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba (AFAMAC) y la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores (AFAT) expresaron su preocupación por una medida que, bajo el argumento de “abrir el mercado y estabilizar precios”, podría poner en jaque a cientos de fábricas que durante décadas han invertido en el desarrollo productivo nacional.
El principal punto de conflicto radica en la eliminación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), una herramienta que regulaba el ingreso de maquinaria en desuso, que ahora podrá ingresar sin ningún tipo de trazabilidad ni control técnico, generando una competencia desleal para las firmas locales que enfrentan elevados costos fiscales, laborales y de financiamiento.
Un golpe al “interior del interior”
La industria de maquinaria agrícola argentina no solo es una fuente vital de empleo, sino que además tiene una fuerte impronta federal. El 95% de las empresas están radicadas en el interior del país, principalmente en provincias como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.
“Esto no es solo un golpe a la industria, es un golpe a los pueblos del interior profundo donde se desarrolla la maquinaria nacional. Son cinco o seis generaciones de conocimiento acumulado que pueden perderse por una apertura mal diseñada”, remarcó Gustavo Piccioni, presidente de AFAMAC.
Más que precios: el problema estructural
Desde las asociaciones del sector destacan que los precios de los equipos agrícolas no son elevados por falta de competencia, sino por la ausencia de reformas estructurales que reduzcan los costos internos. Hoy el mercado está compuesto por más de 1.200 empresas, lo que descarta una situación de concentración abusiva.
“La medida busca un alivio inmediato, pero pone en riesgo años de desarrollo tecnológico, industrial y productivo”, sentencian desde el sector.
¿Austeridad o desindustrialización?
En nombre de la eficiencia y la competitividad, el Gobierno ha abierto un frente inesperado que podría tener consecuencias devastadoras sobre un sector clave del aparato productivo nacional. La preocupación crece no solo por el impacto en el empleo, sino también por el efecto devastador sobre el entramado tecnológico, comercial y social que sostiene al agro argentino, un sector que paradójicamente es uno de los pilares de las exportaciones nacionales.
En nombre de la apertura, la industria advierte que se corre el riesgo de desandar el camino recorrido durante décadas y de debilitar la capacidad del país de producir tecnología para el campo, uno de sus motores económicos más potentes.
