Ajuste profundo y sin pausa: el Gobierno redujo el gasto en cifras récord y prepara una nueva etapa de recortes

De acuerdo con estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el recorte acumulado ronda los 50 billones de pesos en apenas dos años de gestión, una poda que el propio mandatario anticipa que continuará con el objetivo declarado de sostener el déficit cero.

Desde su llegada a la Casa Rosada, el presidente Javier Milei impulsó un drástico proceso de reducción del gasto público que ya alcanza dimensiones históricas.

La decisión de no vetar el Presupuesto 2026, aprobado en Diputados tras eliminar artículos sensibles como la derogación del financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, no implica un giro en la política fiscal.

Por el contrario, Milei dejó en claro que avanzará con una readecuación de partidas, profundizando el ajuste para garantizar el equilibrio de las cuentas públicas.

En términos reales, el recorte equivale a unos 8.000 millones de dólares y representa una contracción del 27,2% del gasto primario, que pasó de 185 a 134 billones de pesos. El impacto del ajuste se concentró especialmente en las provincias: las transferencias de capital desde la Nación se desplomaron casi un 94%, un nivel de reducción sin antecedentes recientes y que reconfiguró la relación financiera entre el Gobierno central y los gobernadores.

Otros rubros clave también sufrieron recortes severos. Los subsidios a distintas funciones cayeron cerca del 84%, la inversión real directa se redujo más del 70% y el gasto salarial del Estado se contrajo un 26%, en el marco de un achicamiento general de la estructura estatal. En contraste, el gasto del PAMI se mantuvo estable y la Asignación Universal por Hijo fue el único componente con una suba significativa en términos reales.

El ajuste más pronunciado se dio en programas sociales, donde se incluyen beneficios extraordinarios a jubilados y pensionados, con una baja superior a los 10 billones de pesos. Le siguieron los recortes en subsidios energéticos, la inversión pública y el salario estatal, mientras que las transferencias de capital a provincias y a la Ciudad de Buenos Aires también registraron una caída sustancial.

La expansión de la AUH, que aumentó en torno a los 2,7 billones de pesos, aparece como la contracara del ajuste y es señalada por analistas como uno de los factores que explican la reciente reducción de la pobreza, que según cifras oficiales se ubicó en el 27,5% en el tercer trimestre. A ello se suma la desaceleración inflacionaria y el crecimiento del empleo informal, variables que amortiguaron parcialmente el impacto social del recorte.

Sin embargo, el balance deja abiertas tensiones estructurales. Mientras el Gobierno exhibe el ajuste como un logro fiscal y un cambio de paradigma, las consecuencias sobre la inversión pública, el federalismo fiscal y la capacidad del Estado para sostener políticas de desarrollo siguen siendo objeto de debate. En ese escenario, la promesa de una nueva ronda de recortes anticipa que la discusión sobre los costos sociales y económicos del “efecto motosierra” continuará ocupando un lugar central en la agenda política.