Ajuste para trabajadores, privilegios para la casta: Javier Milei habilitó subas de hasta 123% a sus ministros

El discurso oficial se apoya en tres pilares —ajuste fiscal, control monetario y estabilidad cambiaria—, pero en la práctica suma un cuarto componente menos explicitado: la contención de los salarios. Esa política, aplicada con rigidez sobre trabajadores del sector público y privado, contrasta con la evolución de los ingresos dentro del gabinete nacional.

Mientras el Gobierno sostiene un férreo control sobre las paritarias y limita los aumentos salariales por debajo de la inflación, la administración de Javier Milei otorgó incrementos de hasta el 123% a los sueldos de ministros y altos funcionarios, en una decisión que expone tensiones internas en su propio programa económico.

Desde la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, se vienen bloqueando acuerdos salariales que superen el techo fijado por la Casa Rosada, consolidando una pérdida sostenida del poder adquisitivo. Sin embargo, esa lógica no alcanza a los funcionarios de primera línea.

El caso más visible es el del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuyo salario pasó de poco más de 3,5 millones de pesos en diciembre a superar los 7 millones en enero, con proyección a alcanzar los 8 millones en mayo. La suba, acumulativa y retroactiva, replica el esquema aplicado al resto del gabinete.

Para justificar estos incrementos, el Ejecutivo se ampara en el decreto 931/2025, que establece la actualización de los salarios de funcionarios en base a los aumentos otorgados al sector público en períodos anteriores. No obstante, la aplicación efectiva de esos porcentajes derivó en subas que superan incluso esa referencia.

El contraste es marcado. Según estimaciones gremiales, el salario promedio de los trabajadores estatales ronda los 1,2 millones de pesos, con pisos cercanos a los 600 mil. En paralelo, una parte significativa de la población percibe ingresos por debajo de los 800 mil pesos, en un contexto de deterioro del poder de compra.

La decisión oficial no solo reabre el debate sobre la equidad del ajuste, sino que también pone en cuestión la coherencia del programa económico: mientras se exige moderación salarial hacia abajo, la estructura política que lo ejecuta queda al margen de ese esfuerzo. En ese desbalance, el “ancla salarial” parece operar con distinta intensidad según el lugar que se ocupe dentro del Estado.