Ajuste brutal en Acindar: 130 despidos, tercerizados descartados y la UOM en pie de lucha

El conflicto en la planta de Acindar, en Villa Constitución, vuelve a poner en primer plano una práctica patronal cada vez más extendida y peligrosa: desvincular trabajadores bajo el disfraz de tercerización para eludir obligaciones laborales.

En este caso, la empresa –propiedad de la multinacional ArcelorMittal– decidió paralizar el Tren Laminador N.º 2, lo que implicó de forma directa la pérdida de más de 130 puestos de trabajo, pertenecientes a la cooperativa Cooperar 7 de Mayo. La reacción de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) fue inmediata: huelga y denuncia pública.

Pero no se trata solo de un ajuste técnico o una decisión de reorganización interna. Para la seccional local de la UOM, este es un caso flagrante de discriminación y vaciamiento laboral, que apunta directamente a los trabajadores cooperativistas como eslabón más débil de la cadena productiva. El gremio denuncia que Acindar se ampara en la figura de monotributistas para negarles vínculo laboral formal, dejándolos fuera de acuerdos salariales, bonificaciones y hasta de los planes de suspensión rotativa que se aplicaron a empleados de planta y contratistas.

Este conflicto arrastra antecedentes. Los trabajadores hoy despedidos ya habían atravesado una reestructuración en 2014, cuando el Tren Laminador N.º 1 tomó preeminencia. Entonces, se les prometieron nuevos puestos que nunca se concretaron del todo. Hoy, una década después, se los despide sin indemnización, sin reconocimiento y sin derechos. A esto se suma la reciente eliminación de tareas clave como el acopio de alambrones en la playa río y el desplazamiento de trabajadores del Tren S.B.Q., completando un escenario de desmantelamiento selectivo.

Desde la UOM-Villa Constitución no dudan en vincular la situación con el contexto político y económico nacional. En palabras del gremio: “Esto es consecuencia directa de la paralización de la obra pública que impulsa el gobierno de Javier Milei”. La caída de la demanda de acero, sostienen, no es un fenómeno inevitable del mercado, sino el efecto buscado de un programa económico que desmantela la inversión pública, congela la construcción y destruye empleos industriales.

La conducta de Acindar –y detrás de ella, la de ArcelorMittal– parece en línea con un modelo que naturaliza el achique, la precarización y la flexibilidad laboral, especialmente sobre los trabajadores tercerizados. Estos empleados, esenciales para tareas como la carga de buques y la manipulación de materiales, no reciben los mismos derechos que el resto del personal, y cuando llegan los recortes, son los primeros en caer.

Pero más que una particularidad, este caso parece ser una muestra de laboratorio de la forma en que las empresas aprovechan el clima político para avanzar sobre derechos laborales básicos. Lo denuncian los propios metalúrgicos: “Estas políticas no distinguen ramas de actividad ni colores políticos: golpean a todos los trabajadores por igual”. El mensaje es claro: el ajuste no es técnico, es ideológico.

Acindar representa, en este sentido, un emblema de lo que está en juego: no solo 130 puestos de trabajo, sino la disputa entre un modelo que prioriza la rentabilidad empresaria a cualquier costo y otro que defiende la dignidad y los derechos del trabajo. Si la empresa no retrocede y el Estado no interviene con firmeza, la señal hacia el resto del sector industrial será inequívoca: flexibilizar y tercerizar es el camino libre para despedir sin consecuencias.

Mientras tanto, la UOM se planta y resiste. No solo por los trabajadores de Cooperar 7 de Mayo, sino porque sabe que cada derrota sin respuesta allana el camino para más atropellos futuros.