Ajuste amargo: el Ingenio Ledesma despidió a más de 300 empleados, salarios de indigencia y un pueblo en alerta

En el corazón productivo de Jujuy, la empresa Ledesma ejecutó un recorte masivo de personal que anticipa una crisis social de gran magnitud. La compañía ratificó el despido de 235 operarios en las últimas semanas, sumándose a más de 300 cesantías en lo que va del año, y ya advierte que el ajuste continuará.

Mientras tanto, el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL) se organiza en pie de lucha para exigir reincorporaciones y denunciar un modelo de gestión que prioriza las ganancias millonarias por sobre los derechos laborales y la estabilidad social.

Desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, múltiples sectores productivos estatales y privados se han visto atravesados por recortes y desregulaciones. Sin embargo, lo que sucede en la localidad jujeña de Libertador General San Martín, donde opera el Ingenio Ledesma —el mayor empleador de la región—, expone una dimensión crítica del actual modelo económico: el achicamiento de plantillas laborales en una de las zonas más vulnerables del país, bajo el argumento de una crisis que, según el sindicato, es abiertamente falsa.

Luciano Lezano, secretario general del SOEAIL, denunció que los despidos afectan a 235 familias y que el impacto en la economía local será devastador. «Ledesma utiliza nuestros recursos, nuestra agua y nuestra gente. No paga impuestos, pero nos empobrece. Los trabajadores dejan la salud en los cañaverales y ahora los descartan como si fueran un número», expresó con indignación.

El modelo de «ajuste permanente»

Según el sindicato, la empresa estaría encarando una reestructuración que apunta a reducir costos despidiendo a trabajadores con antigüedad, mejores condiciones salariales y derechos adquiridos. La estrategia, aseguran, busca sustituir empleo estable por mano de obra eventual y más barata.

La situación se agrava al conocer que Ledesma, lejos de estar en crisis, reparte millonarias ganancias entre su directorio. Un informe económico citado por Lezano detalla que en 2023, mientras se negaban aumentos salariales alegando falta de fondos, el directorio distribuyó más de 15 mil millones de dólares en utilidades. «No se trata de una crisis, sino de una política empresarial que prioriza la rentabilidad a cualquier costo humano», advirtió el gremialista.

Complicidad del Estado y desprotección obrera

Otro foco de crítica es la actitud pasiva de la Secretaría de Trabajo de la provincia, a quien los sindicalistas acusan de actuar como «escribanía» de la empresa. Pese a haberse conformado una mesa de conciliación obligatoria, no se logró revertir la decisión patronal. «No hay voluntad política de frenar este atropello», señaló Lezano, quien también denunció que Ledesma adeuda el 40% de las liquidaciones a los despedidos.

Un conflicto que puede escalar

La reacción sindical ya comenzó con medidas escalonadas, movilizaciones y ollas populares. Se prevén asambleas y protestas más contundentes si no se revierte la situación. “Vamos a seguir hasta lograr la reincorporación de los despedidos y salarios que nos permitan vivir con dignidad. No podemos aceptar que el trabajo en el ingenio nos condene a la indigencia”, subrayó Lezano.

Con más de 45 mil habitantes, Libertador General San Martín depende directamente de la actividad del ingenio. El desguace de puestos de trabajo pone en jaque no solo a las familias afectadas, sino a toda la estructura económica local, que podría derivar en una crisis social de dimensiones aún incalculables.

En un país donde se discute la necesidad de atraer inversiones y promover la industria, el caso de Ledesma expone una contradicción brutal: una empresa con superávit millonario, que opera con recursos públicos y beneficios fiscales, expulsa masivamente trabajadores mientras proclama estar en crisis. El conflicto ya no es solo laboral, sino político y social.