Agenda acelerada en el Congreso: ingresaron los proyectos del “Súper RIGI” y la Ley de Lobby

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su estrategia de reformas estructurales al enviar al Congreso dos proyectos considerados centrales para la administración de Javier Milei: el denominado “Súper RIGI”, orientado a captar grandes inversiones privadas, y la Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, conocida como Ley de Lobby.

Las iniciativas ingresaron por la Cámara de Diputados y se suman a otros proyectos impulsados por el oficialismo, como la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal y la regulación contra la ludopatía online, que ya habían comenzado su recorrido parlamentario en el Senado.

El envío de los proyectos se produjo en un momento políticamente sensible para el oficialismo, en la antesala de una nueva reunión de la mesa política en Casa Rosada, donde el presidente Javier Milei buscará ordenar la estrategia legislativa y contener las tensiones internas dentro del espacio libertario.

Con este paquete de iniciativas, el Ejecutivo intenta consolidar una agenda basada en la desregulación económica, la apertura al capital privado y una redefinición del rol del Estado en áreas sensibles. Sin embargo, el desafío inmediato será político: construir mayorías en ambas cámaras para sostener el avance legislativo, tal como ocurrió recientemente con la media sanción de proyectos como la Ley de Zonas Frías y la denominada Ley Hojarasca.

El “Súper RIGI”: beneficios extraordinarios para megaproyectos

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias propone un esquema especial destinado a atraer inversiones de gran escala, con beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios para proyectos que superen los 1.000 millones de dólares.

La iniciativa fija un plazo inicial de cinco años para adherirse al régimen —prorrogable por única vez— y exige que las empresas creen Vehículos de Proyecto Único (VPU), estructuras jurídicas exclusivas para cada emprendimiento.

Además, establece que al menos el 20% de la inversión comprometida deberá ejecutarse durante los primeros dos años. El texto también excluye explícitamente proyectos vinculados a ampliaciones o reconversiones de estructuras ya existentes, dejando en claro que el objetivo oficial es atraer capital para nuevas industrias y no subsidiar inversiones previamente desarrolladas.

Para el Gobierno, el “Súper RIGI” representa una herramienta clave para generar un shock de inversiones y acelerar sectores estratégicos. Sin embargo, desde distintos sectores de la oposición ya anticipan cuestionamientos vinculados a posibles privilegios fiscales, cesión de soberanía regulatoria y escasos mecanismos de control estatal.

El intento de eliminar el Etiquetado Frontal

Otro de los ejes impulsados por el oficialismo es la derogación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como Ley de Etiquetado Frontal.

La normativa vigente obliga a incorporar sellos de advertencia en productos con exceso de azúcares, sodio, grasas o calorías, una política que había sido presentada como una herramienta de salud pública para combatir enfermedades crónicas y mejorar la información al consumidor.

El Gobierno sostiene ahora que el sistema genera “distorsiones” porque la mayoría de los productos termina exhibiendo advertencias, lo que —según argumentan— diluye el impacto informativo de los sellos. La ofensiva oficial se alinea con una visión más flexible respecto de la regulación estatal sobre el mercado alimenticio y abre un nuevo foco de tensión con organizaciones médicas y de consumidores.

Ludopatía online y endurecimiento penal

En paralelo, el Ejecutivo también avanzó con un proyecto orientado a combatir el juego ilegal online y restringir el acceso de menores a plataformas de apuestas.

La propuesta apunta a prohibir la explotación y difusión de sitios no autorizados, coordinar políticas preventivas con provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y endurecer las penas previstas en el Código Penal para quienes organicen sistemas de apuestas sin habilitación oficial.

La iniciativa aparece en un contexto de creciente preocupación social por el avance de la ludopatía digital entre adolescentes y jóvenes, especialmente a través de plataformas y publicidades en redes sociales.

Ley de Lobby: transparencia o control político

Por último, el proyecto de Ley de Lobby busca institucionalizar un sistema de registro de reuniones y audiencias entre funcionarios públicos y actores privados que intenten influir en decisiones gubernamentales o legislativas.

La propuesta contempla la creación de un registro obligatorio para empresas, cámaras empresarias, sindicatos, ONG y organizaciones sociales que participen en debates de políticas públicas.

Aunque el oficialismo presenta la iniciativa como una herramienta de transparencia institucional, sectores opositores y especialistas anticipan que el debate girará en torno a los límites entre control público, acceso a la información y posibles mecanismos de presión política sobre actores privados y sociales.