«Afuera» 4.588 planes Potenciar Trabajo, sus beneficiarios serían empleados estatales

El número surge de la investigación que lleva adelante el fiscal Guillermo Marijuán, por presuntas maniobras ilícitas en el otorgamiento de los beneficios sociales. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello tomó la decisión luego de comunicarse con la fiscalía y ponerse a disposición para trabajar en la resolución de las supuestas incompatibilidades y así dar de baja a las que correspondan según el listado con el que cuenta la justicia.

En la investigación que destapó el escándalo de las incompatibilidades está encabezada por el fiscal Guillermo Marijuán, quien ordenó el entrecruzamiento de información entre las planillas de participantes del programa social con las de empleados estatales en 14 provincias.

Pettovello, por su parte, ordenó una “auditoría de cero” para saber dónde está parada, ya que la información que dejaron en la Secretaría de Economía Social, que estaba a cargo del dirigente del Movimiento Evita Emilio Pérsico es poca “y poco confiable”.

Según detallaron desde el Ministerio, las 14 provincias investigadas hasta el momento son Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.

Marijuan solicitó en noviembre las bases de datos de los trabajadores estatales de las 23 provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para cruzarlas con el padrón del plan social. Pero no todas contestaron. Algunas ya fueron intimados por segunda vez.

En su investigación preliminar el fiscal los acusa de “la realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública”. También apunta contra los funcionarios públicos nacionales y provinciales que “sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público”.

Durante la administración Fernández el programa social, que era administrado desde el área de Emilio Pérsico dependió de manera directa de los ministros Daniel Arroyo, Juan “Juanchi” Zavaleta, y Victoria Tolosa Paz. El dirigente del Movimiento Evita estuvo a cargo del Potenciar Trabajo a lo largo de todo el gobierno del Frente de Todos. Según reconstruyó Infobae de varias fuentes directas, la ministra se habría comunicado con la fiscalía para ponerse a disposición y solicitar el listado de presuntas incompatibilidades para comenzar a trabajar en una resolución para dar las bajas que correspondan.

El titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social, ya envió su investigación preliminar a los fiscales federales de turno de las provincias y solicitó la “suspensión y/o baja de planes sociales”, en el marco de la investigación preliminar que instruye caratulada como “Caso Coirón Nro. 234746/2023″.