Acindar extiende el esquema de suspensiones al 2026: 2.500 familias rehenes de la crisis industrial
Esta medida refleja la severidad de la recesión industrial, impulsada por la fuerte contracción del mercado interno y la paralización total de la obra pública nacional, una de las principales demandantes de acero.
El Sindicato de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución y la siderúrgica Acindar han alcanzado un acuerdo para prolongar durante todo el año 2026 el régimen de suspensiones rotativas que afecta directamente a los 2.500 trabajadores de la planta.
La minuta de acuerdo, pendiente de homologación por el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, institucionaliza un modelo de ajuste que se venía aplicando desde 2024. El esquema pactado asegura una rotación equitativa del personal suspendido, pero establece una disminución progresiva de la porción del salario que perciben los trabajadores, un claro indicio de que la crisis se traslada directamente al bolsillo obrero.
La erosión del salario y el impacto social
El acuerdo establece que el salario de los suspendidos se reducirá de forma escalonada a lo largo del año: comenzará en un 83% en enero y febrero, pasará a un 80% en la mitad del año (mayo a julio), y se ubicará en un 75% para el último trimestre (octubre a diciembre).
Este descenso progresivo del salario, que en el tramo final representa una quita del 25% del ingreso, subraya la precariedad laboral que se impone como solución a la crisis productiva. Si bien la rotación de suspensiones evita despidos masivos inmediatos, la extensión del esquema a un tercer año consecutivo y la erosión constante del poder adquisitivo exponen a 2.500 familias a una incertidumbre económica prolongada, comprometiendo su calidad de vida y consumo.
Desindustrialización como política: un resultado «buscado»
Los datos coyunturales confirman la alarma. El Índice de Producción Industrial manufacturero registró una caída interanual del 2,9% en octubre. El panorama en Santa Fe, corazón productivo del país, es desolador: la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) reportó que la producción de acero en la provincia cayó un alarmante 45% interanual, alcanzando los niveles más bajos en 17 años.
La baja demanda y el «freno total de la obra pública nacional» son señalados como los factores agravantes de la crisis siderúrgica.
El informe se inserta en un contexto nacional de fuerte deterioro del empleo, donde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) documenta la pérdida de más de 19 mil empresas y 276 mil puestos de trabajo desde el inicio del actual gobierno.
En una crítica de alto impacto, el economista Andrés Asiaín, coordinador del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), sugiere que la combinación de un dólar «barato» y la apertura importadora no solo acelera la desindustrialización y la pérdida de empleo, sino que estas consecuencias podrían ser un resultado intencional de la política económica nacional.
Según esta visión analítica y crítica, el objetivo sería doble: presionar a los empresarios locales para forzar una reducción del costo laboral y endurecer las condiciones en las negociaciones salariales, transformando la crisis de producción en una herramienta para disciplinar al sector obrero. La extensión de las suspensiones en Acindar, bajo esta lupa, no sería un mero accidente económico, sino una de las consecuencias operativas de esta estrategia.
