A contramano del consenso histórico, el Gobierno anticipó un polémico video por el Día de la Memoria
En la antesala de una jornada marcada por la memoria colectiva, el Gobierno nacional volvió a ubicarse en el centro del debate público al difundir este lunes un adelanto de su video institucional por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
La pieza completa será publicada este martes a las 9, en coincidencia con el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, y deja entrever una línea argumental que insiste en revisar el relato histórico consolidado en las últimas décadas. En ese sentido, el material retoma una mirada cercana a la llamada “teoría de los dos demonios”, ampliamente cuestionada por organismos de derechos humanos y por la jurisprudencia argentina.
El anticipo fue acompañado por un mensaje oficial que plantea la necesidad de revisar lo que define como “versiones incompletas” del pasado: “A 50 años del 24 de marzo de 1976, es necesario conocer la historia en su totalidad, sin omisiones ni distorsiones”, señala el texto difundido.
Esta postura no resulta aislada, sino que se inscribe en una serie de declaraciones de funcionarios del Ejecutivo que, en reiteradas oportunidades, han relativizado cifras de víctimas y puesto en discusión las políticas de Memoria, Verdad y Justicia impulsadas desde el retorno democrático.
El video incluye el testimonio de Miriam Fernández, presentada como nieta restituida, quien plantea la necesidad de “reconstruir la verdad completa” como condición para una eventual reconciliación social. En su intervención, sostiene que “la sociedad asumió una versión parcial” y remarca que “hubo hechos que no se visibilizaron”.
La difusión del material coincide con la realización de la tradicional Vigilia por la Identidad en Plaza de Mayo, donde referentes históricos y organizaciones como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo expresaron su rechazo a lo que consideran un intento de relativizar el terrorismo de Estado.
Desde estos sectores advierten que la idea de una “historia completa” funciona como una estrategia para equiparar responsabilidades entre el accionar estatal y el de las organizaciones armadas, una interpretación que ha sido desestimada en fallos judiciales sobre delitos de lesa humanidad.
