A 50 años del golpe, el Gobierno reabre la disputa por la Memoria con un video que relativiza el terrorismo de Estado

En ese cruce entre memoria, política y poder, lo que está en juego no es solo la interpretación de la historia, sino también los límites éticos del presente.

En una fecha cargada de densidad histórica y consenso social, el Gobierno Nacional eligió intervenir con un gesto que, lejos de resultar inocuo, reabre una de las discusiones más sensibles de la democracia argentina: el sentido del pasado reciente.

A cincuenta años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la Casa Rosada difundió un video institucional que, bajo la pretensión de ofrecer una “visión integral”, recupera argumentos largamente cuestionados por la Justicia y por amplios sectores de la sociedad.

El núcleo del mensaje no es novedoso, aunque sí significativo en su contexto: la reintroducción de la llamada “teoría de los dos demonios”, una interpretación que equipara la violencia de las organizaciones armadas con el accionar del Estado durante la dictadura.

Este enfoque, que fue utilizado como estrategia defensiva en el Juicio a las Juntas y luego desestimado en reiteradas sentencias judiciales, reaparece ahora como narrativa oficial, en una operación discursiva que busca relativizar la responsabilidad estatal en el terrorismo de Estado.

El video no solo cuestiona las políticas de memoria, verdad y justicia desarrolladas en las últimas dos décadas, sino que las presenta como parte de un “relato sesgado” sostenido con fines políticos y económicos. Esta caracterización, más que un aporte al debate histórico, parece orientada a erosionar consensos básicos construidos tras años de procesos judiciales, investigaciones y políticas públicas que consolidaron un piso ético en torno a los crímenes de la dictadura.

El recurso a testimonios individuales —como los casos presentados en la pieza audiovisual— funciona como estrategia de legitimación emocional, pero no altera el punto central: la equiparación de violencias desconoce la asimetría fundamental entre el accionar clandestino de grupos armados y el despliegue sistemático, planificado y estatal del aparato represivo. Esa diferencia no es interpretativa, sino jurídica e histórica, y ha sido establecida con claridad en múltiples fallos.

En este sentido, la intervención oficial no puede leerse solo como una provocación simbólica. También implica una señal política concreta: la voluntad de disputar el sentido de la memoria colectiva y de reconfigurar el relato sobre los años 70 en clave revisionista. La apelación a una supuesta “completitud” histórica, en lugar de ampliar la comprensión del pasado, parece operar como un dispositivo para diluir responsabilidades y reinstalar marcos interpretativos ya desacreditados.

A medio siglo del golpe, el debate sobre la memoria sigue abierto, pero no en un terreno neutral. La difusión de este tipo de contenidos desde el Estado no solo tensiona consensos democráticos, sino que también pone en evidencia una estrategia discursiva que busca interpelar a sectores permeables a lecturas simplificadoras o emocionalmente cargadas del pasado.