Venezuela investiga a Patricia Bullrich y Gerardo Werthein por el caso de Nahuel Gallo

El caso de Nahuel Gallo subió las tensiones diplomáticas entre Argentina y Venezuela, con ambos países enfrentados por una serie de acusaciones mutuas. Mientras Venezuela continúa con su investigación, la postura del gobierno argentino sigue siendo la de defender a Gallo y cuestionar la legitimidad del proceso judicial venezolano.

El Ministerio Público (MP) de Venezuela anunció este viernes que investigará a la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, y al canciller Gerardo Werthein por sus declaraciones en torno al caso de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela desde principios de octubre.

El funcionario de la administración de Javier Milei está acusado de formar parte de un supuesto «grupo terrorista» que planeaba acciones desestabilizadoras en territorio venezolano.

La controversia comenzó cuando el gobierno argentino, en voz de Bullrich y Werthein, exigió la liberación inmediata de Gallo, calificando su detención como un «secuestro político» orquestado por el régimen de Nicolás Maduro. Durante una conferencia de prensa, ambos funcionarios argumentaron que las acusaciones en contra de Gallo eran completamente falsas, describiéndolas como un «inventó horrible» sin base alguna.

En respuesta, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, descalificó las declaraciones argentinas y anunció que la ministra Bullrich y el canciller Werthein serían investigados como parte de la causa que involucra a Gallo. Según Saab, la «notoriedad» que las autoridades argentinas han dado al caso de Gallo está vinculada a una investigación que sugiere que el propio gobierno de Argentina, a través de la ministra Bullrich, estuvo involucrado en el envío de Gallo a Venezuela.

En su comunicado, el MP indicó que ambos funcionarios argentinos «quedan señalados como personas de interés en la investigación» y que serán incorporados al expediente. Asimismo, el Ministerio Público venezolano detalló que Gallo, quien fue detenido a su ingreso en el país, estaba presuntamente vinculado a «graves hechos que atentan contra la seguridad de la nación». En particular, la fiscalía sostuvo que Gallo formaba parte de un grupo que planeaba «acciones terroristas y desestabilizadoras» con el apoyo de la ultraderecha internacional.

El informe también menciona que Gallo habría ingresado al país de manera irregular, ocultando su supuesto propósito detrás de una «visita sentimental», cuando en realidad, según las autoridades venezolanas, su intención era ejecutar un plan criminal.

En este contexto, el MP venezolano apuntó directamente a Patricia Bullrich, quien, según las autoridades de Caracas, habría sido la responsable de autorizar el viaje de Gallo sin informar a las autoridades venezolanas. «La ministra Bullrich debe responder al pueblo argentino y a los familiares de Gallo por qué autorizó el viaje de este gendarme sin informar a las autoridades venezolanas», expresó el comunicado.

Por su parte, Patricia Bullrich rechazó las acusaciones y negó que las acciones y declaraciones del gobierno argentino, así como la resolución judicial de la Cámara Federal de Mendoza que solicitó el paradero de Gallo, implicaran «complicidad» con los presuntos «planes subversivos» de Gallo. En sus declaraciones, la ministra reafirmó que el gendarme argentino es víctima de una «detención arbitraria» y reiteró su llamado a la comunidad internacional a presionar por su liberación.