Trump mediante decreto niega la ciudadanía a hijos de inmigrantes sin residencia permanente
La reacción a esta medida fue polarizada. Mientras algunos aplauden el esfuerzo por reformar las leyes migratorias, otros critican lo que consideran un ataque a los derechos fundamentales, resaltando que la enmienda fue diseñada para proteger a los más vulnerables en la sociedad estadounidense.
La implementación de este decreto podría tener profundas implicaciones para miles de familias en el país y plantea un desafío legal que podría llegar a los tribunales.
En una medida que generó controversia y debate, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes un decreto que modifica la interpretación de la Décimo Cuarta Enmienda de la Constitución. Esta nueva normativa busca negar el derecho a la ciudadanía a los hijos de inmigrantes sin residencia permanente que nazcan en el país, cumpliendo así una de sus promesas de campaña.
El decreto establece que «el gobierno de Estados Unidos no emitirá documentos que reconozcan la ciudadanía estadounidense» a personas cuyos padres no sean ciudadanos o residentes permanentes al momento de su nacimiento. En particular, se menciona que esto aplica a casos en los que la madre estaba presente de forma ilegal en el país o tenía una estancia legal pero temporal, mientras que el padre no era ciudadano estadounidense.
La Décimo Cuarta Enmienda, adoptada en 1868, estipula que «toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos y del estado en que resida». Esta enmienda fue originalmente implementada para garantizar los derechos de los afroamericanos tras la Guerra Civil, anulando la decisión de la Corte Suprema en el caso Dred Scott v. Sandford, que había excluido a los esclavos y sus descendientes de la ciudadanía.
Sin embargo, Trump argumenta que la enmienda nunca fue concebida para extender la ciudadanía a todas las personas nacidas en el país. En su interpretación, la presencia irregular o temporal de los progenitores les despoja de la jurisdicción necesaria para otorgar derechos de ciudadanía a sus hijos.
