5 de enero de 2026

Trump afirma haber detenido a Maduro y abre una crisis de poder y legalidad internacional en Venezuela

La confirmación del presidente estadounidense Donald Trump de que Estados Unidos ha detenido al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, tras un ataque “a gran escala” marca un punto de ruptura sin precedentes en la ya deteriorada relación entre ambos países y eleva el conflicto venezolano a una nueva dimensión política, militar y jurídica.

Ph: Edición La Pluma

El anuncio, realizado por Trump a través de un comunicado público, sitúa a Washington no solo como actor externo de presión, sino como protagonista directo de una operación que, de confirmarse plenamente, implicaría la captura de un jefe de Estado en ejercicio y su traslado fuera del territorio nacional.

Este hecho, excepcional en la política internacional contemporánea, plantea interrogantes sobre el alcance real de la operación, su respaldo legal y sus consecuencias para el orden regional.

Mientras Estados Unidos presenta la acción como un éxito operativo, desde Caracas la respuesta ha sido inmediata y de fuerte tono político. La vicepresidenta Delcy Rodríguez exigió una prueba de vida de Maduro y de la primera dama, denunciando lo ocurrido como una agresión brutal contra el pueblo venezolano y una violación del derecho internacional. La ausencia de información oficial sobre el paradero del mandatario refuerza la incertidumbre y alimenta versiones contradictorias en un contexto ya marcado por la confusión y la tensión.

Los hechos sobre el terreno refuerzan la percepción de una ofensiva coordinada. Durante la madrugada, se reportaron explosiones en Caracas y otras regiones estratégicas, sobrevuelo de aeronaves a baja altura, columnas de humo visibles desde distintos puntos de la capital y cortes de electricidad en varios sectores. Instalaciones militares clave, como la base aérea de La Carlota, figuran entre los lugares donde se concentraron las detonaciones, lo que sugiere que la operación tuvo objetivos tanto simbólicos como tácticos.

El gobierno venezolano ha calificado lo sucedido como una “agresión militar” directa de Estados Unidos y ha advertido que el ataque amenaza la paz y la estabilidad no solo del país, sino de toda América Latina y el Caribe. En su comunicado oficial, Caracas acusa a Washington de intentar imponer un cambio de régimen por la fuerza y de reeditar una lógica “colonial”, un discurso que busca cohesionar a las fuerzas políticas internas y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana frente a un enemigo externo.

La declaración del estado de conmoción exterior y el llamado a la movilización social indican que el chavismo intenta mantener el control político y evitar un vacío de poder en un momento crítico. Al mismo tiempo, la invocación del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que reconoce el derecho a la legítima defensa, apunta a una estrategia de internacionalización del conflicto en foros multilaterales.

En términos geopolíticos, el episodio puede redefinir el equilibrio regional. La detención de Maduro, si se confirma con pruebas verificables, podría acelerar un reordenamiento interno en Venezuela, pero también provocar reacciones adversas de aliados internacionales y profundizar la polarización en América Latina. Más allá del destino inmediato del mandatario venezolano, la crisis abre un debate de fondo sobre los límites del uso de la fuerza, la soberanía de los Estados y el precedente que una acción de este tipo podría sentar en el sistema internacional.

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