Sturzenegger no renovará las facultades delegadas: el plan motosierra sigue y sin freno
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó que no solicitará una prórroga de las facultades delegadas que el Congreso otorgó al Poder Ejecutivo en el marco de la controvertida Ley Bases, promulgada en julio de 2024.
Con esta decisión, el plan de ajuste estructural —la “motosierra”— entra en su etapa de máxima intensidad y aceleración, ya que restan solo 49 días hasta que venza el plazo que habilita al Ejecutivo a legislar por decreto en áreas clave del Estado.
“Siempre la idea fue no renovarlas”, declaró el ministro, dejando claro que la estrategia fue definida desde el inicio: un paquete de reformas ultrarrápidas, sin consenso parlamentario y bajo un cronograma cerrado. En declaraciones a Bloomberg, Sturzenegger reveló que incluso colocó relojes en sus oficinas para que su equipo tuviera plena conciencia del tiempo limitado para actuar, lo que confirma la lógica de shock que guía la transformación del aparato estatal bajo el mandato de Javier Milei.
La Ley Bases, aprobada el 28 de junio de 2024 por la Cámara de Diputados, delegó facultades legislativas al presidente por un año, habilitando una concentración de poder que permitió avanzar sin debate legislativo en recortes, privatizaciones, cierres de organismos, despidos masivos y reformas regresivas. Ahora, con el vencimiento en el horizonte, el Gobierno acelera para consolidar los cambios antes de perder esa capacidad de acción unilateral.
En una presentación reciente ante empresarios del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), Sturzenegger redobló su discurso: “la motosierra sigue a full”, dijo sin eufemismos, ratificando que los recortes, desregulaciones y reformas laborales no solo continuarán sino que se intensificarán. La promesa a los grandes capitales es clara: menos Estado, menos derechos y más espacio para el mercado.
En ese contexto, el ministro también apuntó contra lo que considera rigideces del mercado laboral argentino, defendiendo una mayor flexibilidad contractual que, según él, podría aumentar el empleo en 15 puntos. Sin embargo, estas afirmaciones omiten que la flexibilidad en otras latitudes muchas veces se traduce en precarización, caída salarial y pérdida de derechos adquiridos, algo que ya comienza a sentirse en diversos sectores afectados por despidos y cambios normativos regresivos.
La decisión de no renovar las facultades delegadas también marca un límite temporal para el experimento hiperliberal del oficialismo, pero no necesariamente un freno. Por el contrario, el Gobierno parece decidido a dejar una arquitectura institucional completamente reformulada antes del 8 de julio, de modo que lo ejecutado no pueda revertirse fácilmente.
La pregunta que queda abierta es si los impactos sociales, económicos y políticos de este “plan relámpago” serán sostenibles o desembocarán en una crisis de gobernabilidad, especialmente en un país donde la desigualdad y el descontento social crecen al ritmo del ajuste.
Mientras tanto, la motosierra sigue activa, los derechos en juego y el reloj corre.
