«Somos parte y corresponsables del cuidado, asistencia, integración y convivencia con cada ser humano»

La perspectiva para analizar la temática es la de la salud inclusiva, la cual se logra cuando las personas con discapacidad pueden acceder a los servicios de salud en igualdad de condiciones

La Lic Natalia Smith, integrante del equipo interdisciplinario del Juzgado de Género del Poder Judicial, hizo un abordaje de la visión integral del Derecho y Salud, en cuanto a las especificidades que requiere trabajar y convivir con personas con discapacidad.

Refiriéndose a la temática, en el Día Internacional de Personas con Discapacidad, la profesional indicó que la única forma de integrar derechos es que existan espacios, territorios, personas, compromisos y recursos sustentables para garantizar la salud y el bienestar integral de todas las personas.

En ese sentido, las personas con discapacidad históricamente fueron relegadas y excluidas del goce y ejercicio en materia de educación, trabajo, política, ocio, vida sexual e integral, lo que generó que este colectivo de personas tengan un plus de vulnerabilidad y que hace muy poco tiempo viene ganando espacio en atención, con mucho esfuerzo y compromiso.

Las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que en interacción con diversas barreras, pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás.

De tal modo, la discapacidad surge de la interacción entre el estado de salud o la deficiencia de una persona y la multitud de factores que influyen en su entorno.

La perspectiva para analizar esta temática es la de la salud inclusiva, la cual se logra cuando las personas con discapacidad pueden acceder a los servicios de salud en igualdad de condiciones que las personas sin discapacidad.

Por ello, resulta fundamental que el sistema de salud esté diseñado para garantizar que todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad tengan pleno acceso a los servicios para disminuir tanto desigualdades sociales y como en el ámbito de la salud.

Según el informe mundial sobre la discapacidad, alrededor del 15% de la población vive con algún tipo de discapacidad. Asimismo, las mujeres tienen más probabilidades de sufrir discapacidad que los hombres y las personas mayores que los jóvenes.

Entre las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad figuran los espacios de salud inaccesibles, las barreras de comunicación, la falta de formación de los profesionales y las  barreras financieras.

En esa línea, las personas con discapacidad tienen mayores riesgos de sufrir efectos negativos en situaciones de desastre catástrofe o emergencia, que quienes no presentan alguna discapacidad.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del año 2006, busca asegurar que este colectivo ejerza sus derechos en condiciones de igualdad.

Asimismo, tiende a generar políticas públicas para su implementación con presupuesto propio, destinando recursos orientados a la promoción y protección de sus derechos.

 En base a esto se genera la Agencia Nacional de Discapacidad, cuyas principales funciones es el de transversalizar la perspectiva de la discapacidad en distintas áreas de gobierno; coordinar y proponer programas interministeriales: gestionar políticas públicas y estrategias de desarrollo local para la inclusión de las personas con discapacidad; apoyar a los gobiernos provinciales; promover procesos de capacitación e impulsar la adecuación de la legislación nacional a la CDPDS. De todas estas funciones el 89% del presupuesto está puesto en políticas previsionales y acceso medicinal, quedando por fuera políticas de apoyo, participación, inclusión, laboral y educativas destinadas a una vida independiente.

En igual sentido, la Ley Nacional de Salud Mental, obliga al Estado a diseñar e implementar políticas públicas que garanticen la transición del modelo de atención actual, basado en la internación y el aislamiento, a uno de base comunitaria que asegure un abordaje integral, humanizado e interdisciplinario y que promueva la vida independiente y la inclusión las personas con discapacidad psicosocial. La norma propuso que un 10% de los fondos destinados a salud, sean destinados a salud mental y se otorgó 3 años de adecuación. Ya pasaron 10 años y nos encontramos muy lejos de un mínimo presupuestario.

En este contexto, para asegurar una metodología que permita identificar con mayor precisión aquellas asignaciones financieras y metas físicas dirigidas a promover la inclusión de este colectivo y el pleno ejercicio de sus derechos, sería conveniente que la etiqueta esté presente en todas las actividades y programas que destinen recursos a esa finalidad.