Revés para la IGJ: la Justicia ratificó el traslado de la AFA a Pilar y limitó el control del organismo nacional
La Cámara Nacional en lo Civil resolvió a favor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la disputa que mantenía con la Inspección General de Justicia (IGJ), al convalidar el traslado de su domicilio legal a la localidad bonaerense de Pilar y declarar inválidas las medidas de supervisión impulsadas por el organismo dependiente del Ministerio de Justicia.
El fallo representa una victoria institucional para la conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, que desde un principio cuestionó la intervención de la IGJ por considerar que carecía de competencia para fiscalizar a la entidad una vez concretado el cambio de jurisdicción.
Los jueces Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset entendieron que, tras la aprobación del traslado de la sede social y su inscripción formal en la provincia de Buenos Aires, la autoridad encargada de ejercer el control legal y administrativo sobre la AFA pasó a ser la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense. En consecuencia, sostuvieron que la IGJ perdió facultades para intervenir o revisar decisiones vinculadas al funcionamiento de la entidad.
La resolución también dejó sin efecto la designación de veedores que el Ministerio de Justicia había dispuesto por un plazo de 180 días hábiles, una medida que buscaba monitorear el funcionamiento institucional de la asociación. Para la Cámara, dichas acciones fueron adoptadas cuando la AFA ya se encontraba bajo la órbita de otro organismo de control.
El conflicto se originó en octubre de 2024, cuando la Asamblea General de la AFA aprobó una reforma estatutaria para trasladar oficialmente su domicilio desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Pilar. Posteriormente, las autoridades provinciales validaron la modificación y registraron a la entidad dentro de su jurisdicción.
En su argumentación, los magistrados remarcaron que los actos administrativos emitidos por organismos provinciales conservan plena validez jurídica mientras no sean anulados por las vías correspondientes. Bajo ese criterio, concluyeron que la IGJ no puede actuar como instancia revisora de decisiones adoptadas por autoridades de otra jurisdicción.
Sin embargo, el fallo no implica una ausencia de controles sobre la entidad rectora del fútbol argentino. La Cámara aclaró que las tareas de fiscalización y supervisión continúan vigentes, aunque ahora bajo la responsabilidad de los organismos competentes de la provincia de Buenos Aires.
Más allá de este respaldo judicial, la situación legal de la AFA no queda completamente despejada. Diversas investigaciones penales continúan su curso en los tribunales federales y provinciales. Entre ellas, una causa por presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas a propiedades en Pilar y otro expediente en el que Tapia y el tesorero Pablo Toviggino fueron procesados por una supuesta retención indebida de aportes.
De esta manera, la resolución judicial fortalece la posición institucional de la conducción de la AFA en su disputa con la IGJ y redefine los límites de competencia entre organismos de control. No obstante, el fallo no altera el avance de las causas penales que siguen bajo investigación y que podrían tener impacto sobre algunos de los principales dirigentes del fútbol argentino.
