Reidel niega irregularidades en Nucleoeléctrica, pero persisten dudas sobre su situación patrimonial
El funcionario aseguró que los fondos utilizados provienen de operaciones privadas “transparentes” y debidamente declaradas.
El presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), Demián Reidel, rechazó las acusaciones de presunta corrupción surgidas tras la cancelación de deudas personales por unos 825 millones de pesos en apenas 18 días, una operación que lo sacó de una situación de “alto riesgo de insolvencia” ante el sistema financiero.
Según consigno la Agencia NA, las sospechas surgieron a partir de una investigación publicada por el portal El Disenso, que expuso la rápida eliminación de pasivos financieros significativos en un lapso reducido. Frente a esas denuncias, Reidel recurrió a sus redes sociales para explicar el origen del dinero y negó cualquier vínculo entre su situación personal y su rol al frente de la empresa estatal.
Según detalló, en 2018 adquirió con fondos propios una participación en un desarrollo inmobiliario en Argentina, que fue vendiendo de manera progresiva en distintos momentos: marzo de 2023, diciembre de 2024 y una nueva etapa en 2025. En ese proceso, afirmó haber tomado financiamiento puente “contra el activo” para obtener liquidez, lo que —según su versión— explica el endeudamiento previo.
El 15 de diciembre pasado, indicó, concretó la venta de una parte del activo por 770.000 dólares, con lo cual canceló la deuda. Aseguró además que todas las operaciones están documentadas y certificadas ante escribano público.
Sin embargo, el episodio se inscribe en un contexto más amplio de cuestionamientos a la gestión de Nucleoeléctrica. La cancelación de las deudas personales de Reidel coincide temporalmente con denuncias sobre presuntos sobreprecios en las contrataciones de la empresa estatal, que bajo su administración adjudicó contratos por un monto estimado en 20.417 millones de pesos.
Fuentes vinculadas a la operatoria de NA-SA sostienen que existirían irregularidades sistemáticas en los pagos a proveedores y mencionan la supuesta exigencia de comisiones del orden del 5% para habilitar los desembolsos. De confirmarse esas prácticas, el volumen total involucrado podría superar los mil millones de pesos, lo que elevaría el conflicto desde una controversia patrimonial individual a un problema estructural de gestión y control.
Mientras Reidel busca cerrar el frente personal con explicaciones formales, el foco permanece sobre Nucleoeléctrica y sus mecanismos de contratación. La falta de auditorías públicas y de respuestas institucionales más amplias mantiene abiertas las dudas sobre si se trata de un caso aislado o de un síntoma de prácticas más profundas dentro de una empresa estratégica para el sector energético nacional.
