Reformas sensibles y un Congreso fragmentado: Milei abre el año legislativo con una agenda de alto conflicto
El Gobierno enfrenta un dilema central: avanzar con reformas estructurales sin el respaldo político suficiente y en medio de un clima social tensionado. El inicio del debate en comisiones marcará no solo el destino de estos proyectos, sino también la capacidad del oficialismo para transformar su programa ideológico en leyes viables dentro de un Congreso fragmentado.
El Gobierno de Javier Milei pondrá en marcha desde el próximo martes la constitución de las comisiones parlamentarias que deberán abordar dos de las iniciativas más controvertidas de su programa: la reforma laboral y la modificación del régimen penal juvenil para bajar la edad de imputabilidad.
Ambas propuestas serán tratadas durante el período de sesiones extraordinarias y anticipan un escenario de fuerte disputa política y social.
Luego de haber quedado postergada durante 2024, la reforma laboral iniciará su recorrido en el Senado el 11 de febrero. El oficialismo llega a esta instancia sin mayoría propia y obligado a reconstruir acuerdos con los bloques denominados “dialoguistas” —PRO, UCR y Coalición Cívica—, en un contexto en el que las negociaciones con gobernadores no lograron traducirse aún en apoyos legislativos sólidos.
El Proyecto de Modernización Laboral apunta a una reconfiguración profunda del esquema vigente. Entre sus puntos centrales se destacan la revisión del sistema de indemnizaciones, la creación de un Fondo de Cese Laboral administrado por convenios colectivos, la reducción de contribuciones patronales para promover el empleo formal y la incorporación de la figura del “Colaborador Independiente”, que flexibiliza el vínculo laboral tradicional y diluye la relación de dependencia.
A esto se suma la implementación de un Banco de Horas, un mecanismo que reemplaza el pago de horas extras por compensaciones futuras, ampliando los márgenes de flexibilidad empresarial. Para el Gobierno, estas herramientas permitirían dinamizar el mercado laboral; para los sindicatos, en cambio, el proyecto consolida un esquema de precarización que traslada riesgos desde el empleador hacia el trabajador.
Las centrales sindicales ya anticiparon su rechazo y convocaron movilizaciones frente al Congreso, al advertir que la iniciativa no ataca las causas estructurales del desempleo y avanza sobre derechos adquiridos. El conflicto gremial se perfila así como un factor clave en el devenir parlamentario de la reforma.
En paralelo, el oficialismo impulsa el tratamiento de la Ley Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. El proyecto establece un régimen especial para menores, con medidas socioeducativas y penas alternativas, y elimina la posibilidad de reclusión perpetua, fijando un máximo de 20 años de condena.
Sin embargo, el texto abre la puerta a que adolescentes de 14 años o más que cometan delitos graves reciban penas cercanas a las de adultos, con condenas que podrían superar los 15 años, aunque sin ser alojados en cárceles comunes. Para delitos menores, se priorizan medidas no privativas de la libertad, como tareas comunitarias o libertad asistida.
Desde La Libertad Avanza sostienen que la iniciativa busca cerrar la llamada “puerta giratoria” y dar respuesta a delitos cometidos por menores que hoy no reciben condena penal efectiva bajo la ley vigente. Las críticas, en cambio, advierten que la reforma desplaza el foco desde las políticas de inclusión y prevención hacia una lógica punitiva, sin evidencia concluyente de que la baja de imputabilidad reduzca el delito.
