Quirno defendió la contratación con la AACI que dirige la esposa de Sturzenegger
En este caso, el Gobierno optó por enfatizar la activación de los mecanismos de control y la publicidad del expediente como respuesta política a una controversia que se gestó, sobre todo, en el terreno de las redes sociales.
El canciller Pablo Quirno salió a responder públicamente los cuestionamientos por la contratación del Ministerio de Relaciones Exteriores con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) y negó de manera categórica la existencia de irregularidades.
La polémica se originó por el contrato de $114.044.133 destinado a la capacitación en inglés del personal diplomático, dado que la directora ejecutiva de la entidad, María Josefina Rouillet, es esposa del ministro Federico Sturzenegger.
A través de publicaciones en la red social X, Quirno sostuvo que “no hay absolutamente ninguna irregularidad” y explicó que, precisamente por la relación familiar existente, se activó el procedimiento de integridad contemplado en el Decreto 202/2017. Según detalló, intervinieron la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), organismos encargados de supervisar la legalidad y transparencia de este tipo de actuaciones administrativas.
El canciller remarcó además que la Cancillería mantiene contratos con la AACI desde 2018 para la formación en idioma inglés, y que en esta oportunidad se reforzaron los mecanismos de control por tratarse de un caso que podía generar sospechas de conflicto de intereses. Citó el artículo 4°, inciso b), del decreto mencionado para subrayar que el procedimiento prevé la publicidad de las actuaciones, y aseguró que el expediente fue difundido íntegramente en un sitio institucional, lo que permitiría verificar la documentación respaldatoria.
Desde el entorno de Sturzenegger, en tanto, indicaron que el informe de la OA incorporado al expediente es el principal respaldo técnico de la contratación y sostuvieron que el dictamen deja en claro que no existieron ni existen irregularidades.
El episodio expone un punto sensible en la gestión pública: aun cuando los procedimientos formales se ajusten a la normativa vigente, la existencia de vínculos personales entre funcionarios y entidades contratadas suele tensionar la percepción pública.
