Procesaron a Belliboni por administración fraudulenta contra el Estado
Eduardo Belliboni, cabeza del Polo Obrero, fue procesado por el juez federal Sebastián Casanello por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, un delito que podría conllevar una pena de entre dos y seis años de cárcel. La acusación surge a partir de pruebas que indican que el líder piquetero y otros miembros de su organización desviaron fondos del programa Potenciar Trabajo para fines políticos partidarios.
En una resolución de 168 páginas, Casanello detalló que existen pruebas suficientes para sostener que Belliboni utilizó recursos destinados al plan social para intereses partidarios.
Entre las evidencias se mencionan facturas falsas y el uso de una empresa fantasma para encubrir el desvío de fondos. «Se aprovechó la política pública para intereses partidarios», afirmó el magistrado.
El juez subrayó que el cumplimiento de las tareas y proyectos asociados al programa estatal no era el verdadero objetivo de los responsables del Polo Obrero. En cambio, el propósito habría sido financiar y fortalecer la actividad político-partidaria del grupo. Casanello indicó que el Estado Nacional desembolsó dinero en concepto de Salario Social Complementario por contraprestaciones que, en muchos casos, no se realizaron.
El procesamiento de Belliboni también incluye a 17 personas adicionales, entre ellas Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz y Ezequiel Adrián Coego. María Isolda Dotti y Gianna Puppo han sido procesadas por “amenazas coactivas”, mientras que Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia son acusadas de ser autoras de dichas amenazas.
En la misma línea, Elizabeth del Carmen Palma, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Cynthia Delgado Vilches, Gustavo Guillermo Vásquez, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti y Roberto Adrián Albornoz han sido procesados como partícipes en la defraudación y amenazas coactivas.
La causa se inició a partir de denuncias presentadas en la línea 134 y registradas en el Ministerio de Seguridad, donde beneficiarios de planes sociales reportaron amenazas para participar en marchas contra el Gobierno. Los denunciantes aportaron chats grupales, contenido extraído de celulares y documentación que revela prácticas irregulares.
Todos los imputados negaron las acusaciones y argumentan que se trata de una persecución contra las organizaciones populares, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y las organizaciones sociales.
