Procesan al fiscal general del Estado de España por revelación de secretos

El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha dictado procesamiento contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, en el marco de una investigación que involucra al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Tras una exhaustiva investigación que se prolongó por más de siete meses, la autoridad judicial concluyó que existen indicios sólidos para juzgar al fiscal por la filtración de correos electrónicos enviados por la defensa de González Amador a la Fiscalía. Estos correos contenían información confidencial relacionada con un acuerdo para cerrar una causa por fraude fiscal en la que González Amador estaba involucrado.

El juez Hurtado sostiene que García Ortiz filtró estos correos “a raíz de indicaciones recibidas de la Presidencia del Gobierno”, y además, señaló que el fiscal cambió de móvil y borró sus mensajes de WhatsApp en cuanto el Tribunal Supremo abrió la investigación en octubre pasado, lo que refuerza las sospechas de una posible intención de ocultar información.

Por su parte, García Ortiz ha confirmado este lunes que no tiene intención de dimitir. En un comunicado, la Fiscalía expresó que el fiscal general “se reafirma en su compromiso de continuar defendiendo la actuación y la integridad de la institución que representa” y mantiene su inocencia respecto a los hechos que se le imputan.

Además, en la misma causa, fue procesada la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien habría facilitado a García Ortiz los correos electrónicos del abogado de González Amador, que posteriormente fueron filtrados a los medios.

Se ha conocido también que García Ortiz envió estos correos a la cadena SER, con la intención de que se hicieran públicos, a pesar de su carácter confidencial, incluyendo conversaciones privadas entre su letrado y el fiscal encargado del caso.

Este caso ha generado un fuerte revuelo político y judicial en España, poniendo en entredicho la actuación del Ministerio Fiscal y la posible injerencia de altos cargos en investigaciones judiciales sensibles. La Fiscalía y las autoridades judiciales continúan analizando las implicaciones de estos hechos, que comprometen la confidencialidad y la independencia en la administración de justicia.