Presentan proyecto de ley que habilita a las Fuerzas Armadas a actuar contra el terrorismo
El Gobierno nacional presentó este lunes al Congreso un proyecto de ley destinado a modificar la Ley de Seguridad Interior, con el objetivo de habilitar a las Fuerzas Armadas (FFAA) para actuar en nuevos escenarios relacionados con actos de terrorismo.
Esta iniciativa, impulsada por el ministro de Defensa Luis Petri, busca ampliar el marco de intervención militar en situaciones de crisis sin recurrir a la declaración de estado de sitio.
Actualmente, la Ley N°24.059 permite a las FFAA intervenir únicamente en dos situaciones: como apoyo a las Fuerzas de Seguridad (artículo 27) y en el caso de un estado de sitio para proteger «la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones» (artículo 31).
El nuevo proyecto propuesto por el gobierno de Javier Milei introduce una «alternativa intermedia» que permitirá a las FFAA actuar en caso de «acciones terroristas destinadas a aterrorizar a la población». Esta medida busca evitar la necesidad de declarar un estado de sitio, que implica la suspensión de ciertas garantías constitucionales.
Según el proyecto, en caso de un acto terrorista y una investigación penal en curso, el Comité de Crisis podrá solicitar al Ministerio de Defensa la intervención de las FFAA para restablecer la Seguridad Interior. Esta intervención incluiría operaciones de patrullaje, control de personas y vehículos, colaboración en puestos de control fijos o móviles, vigilancia de instalaciones y detención en flagrancia.
El proyecto especifica que el Comité de Crisis deberá detallar las acciones a desplegar, el tiempo requerido y el lugar definido. Además, se establece que cualquier uso de medios materiales de coacción por parte del personal militar deberá ser «racional, progresivo y proporcional», agotando previamente los mecanismos de disuasión disponibles. Bajo estas condiciones, el accionar militar será considerado como cumplimiento del deber y, por lo tanto, no será punible.
El Gobierno ha subrayado que esta propuesta ofrece una ventaja significativa: la preservación de las garantías constitucionales, a diferencia del estado de sitio, lo que asegura que los derechos fundamentales de los ciudadanos no se verán afectados.
