Por orden de EE.UU., Milei eliminaría el uso de plataformas ilegales como Stremio, Magis TV y Torrent

El acuerdo que el presidente Javier Milei firmará con su par estadounidense introduce un giro drástico en la política digital argentina al incorporar cláusulas de tolerancia cero contra la piratería online.

Según trascendidos extraoficiales, el pacto exigirá la prohibición total del uso de plataformas como Stremio, Magis TV y sistemas basados en Torrent, acompañado de penas de cárcel y multas extraordinarias para usuarios y distribuidores, según consignó Crónica Política.

La medida se presenta como una concesión clave en un intercambio geopolítico donde la Casa Blanca habría condicionado la reducción de aranceles para productos argentinos —especialmente soja, carne y litio— a la adopción de un régimen más severo de protección intelectual.

La decisión generó preocupación dentro de las llamadas Fuerzas del Cielo, cuya base digital está integrada en gran parte por los conocidos “gordos compus”, un sector históricamente permeado por la cultura gamer, el consumo informal de contenidos y la defensa de libertades digitales. Resulta sintomático que un gobierno que se autodefine libertario avance hacia un esquema de vigilancia y penalización que, lejos de limitarse a grandes distribuidores ilegales, apunta directamente al consumo doméstico. La obligatoriedad de que los proveedores de internet implementen filtros de bloqueo coloca a Argentina en un escenario más cercano a modelos de control estatal que a marcos liberales de mercado.

El aspecto más controvertido es la aplicación retroactiva de las sanciones, una decisión que tensiona principios jurídicos fundamentales y abre la puerta a una persecución masiva de usuarios comunes. Las multas, equivalentes a cien veces el valor del contenido pirateado, y la posibilidad de penas privativas de la libertad convierten lo que tradicionalmente se percibía como una infracción menor en un delito de gravedad desproporcionada. La presión del Departamento de Justicia de EE.UU., que justificó las exigencias en la necesidad de “proteger la inversión”, evidencia una relación bilateral asimétrica donde la soberanía regulatoria argentina se subordina a las prioridades comerciales estadounidenses.

En términos políticos, el Gobierno enfrenta el riesgo de erosionar su capital simbólico entre sus seguidores más leales, que ven en esta iniciativa un giro represivo contrario al credo de “más libertad, menos Estado”. El pacto, presentado como un triunfo diplomático, podría transformarse en un frente interno de conflicto y en un debate nacional sobre hasta qué punto la apertura económica justifica restricciones profundas a los derechos digitales de la ciudadanía.