Por decreto, las Fuerzas Armadas van a operar en zonas del interior del país
El Gobierno Nacional oficializó este viernes una nueva normativa para el Sistema de Defensa Nacional a través del Decreto 1112/2024, que redefine el alcance y las capacidades de las Fuerzas Armadas de Argentina.

La medida, impulsada con el objetivo de «modernizar» el funcionamiento del sistema de defensa frente a amenazas contemporáneas, permitirá a las Fuerzas Armadas ampliar su intervención a nuevas áreas de acción, incluyendo zonas de interior y actividades vinculadas a la lucha contra el terrorismo, los ciberataques y el narcotráfico.
El decreto, que deroga al anterior Decreto 727/2006, restringía las operaciones militares a situaciones de agresiones externas perpetradas por otros Estados, ampliando ahora el concepto de «amenaza» para incluir a actores no estatales, como grupos terroristas, paramilitares y otros agentes que operan en el espectro de la seguridad internacional. Además, el texto incorpora nuevos frentes de acción, como el ciberespacio y el espectro electromagnético, que adquieren cada vez mayor relevancia en el marco de los conflictos modernos.
Modernización frente a amenazas globales
Uno de los pilares del nuevo decreto es la modernización de las capacidades de las Fuerzas Armadas para enfrentar las amenazas del siglo XXI. Entre las nuevas medidas, se destaca la incorporación de tecnologías avanzadas, como inteligencia artificial y sistemas no tripulados, que permitirán mejorar la eficiencia de las operaciones militares en distintos escenarios.
El artículo 17 del decreto establece que las Fuerzas Armadas podrán operar en zonas de seguridad de las fronteras para tareas de vigilancia y control en tiempos de paz, así como ofrecer apoyo logístico en situaciones de emergencia. Esto incluye la posibilidad de intervenir en situaciones como desastres naturales o emergencias sanitarias, en coordinación con las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.
Nuevo ciclo de planeamiento y coordinación internacional
El decreto también introduce un Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional, que establece directrices claras para la actuación conjunta de las Fuerzas Armadas en colaboración con otras instituciones del Estado y con fuerzas internacionales. Este ciclo tiene como objetivo asegurar una mayor interoperabilidad con aliados estratégicos, tanto a nivel regional como global, en un contexto internacional cada vez más dinámico y complejo.
Si bien el gobierno no ha ofrecido detalles específicos sobre las áreas que se verán más afectadas por la nueva normativa, se sabe que la estrategia está orientada a reforzar la seguridad en zonas críticas del país, como represas hidroeléctricas y centrales nucleares, que requieren un nivel de protección especial debido a su relevancia estratégica para la infraestructura nacional.
Lucha contra el narcotráfico y las actividades ilícitas
La ampliación de las funciones de las Fuerzas Armadas también tiene como objetivo una respuesta más eficiente frente a actividades ilícitas, especialmente el narcotráfico, que continúa siendo uno de los principales desafíos para la seguridad interna del país. Según el decreto, las Fuerzas Armadas podrán intervenir en zonas de alto riesgo vinculadas a estos delitos, como el norte del país, en áreas donde las fuerzas de seguridad tradicionales, como la Gendarmería, no logran cubrir adecuadamente.
Aunque no se han divulgado detalles específicos por razones de seguridad, se prevé que las zonas de intervención se seleccionen bajo criterios estratégicos, priorizando la protección de infraestructura clave y el control de áreas con alta incidencia de delitos organizados.
Reacciones y expectativas
El nuevo marco normativo ha generado reacciones diversas. Mientras que sectores vinculados a la seguridad y la defensa celebran el avance en la modernización y la respuesta a nuevas amenazas, organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el mayor involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas internas, sobre todo en lo relacionado con el control social y la seguridad pública.
El Gobierno ha asegurado que la normativa se implementará con «plena observancia» de los derechos humanos y el respeto a las competencias de las fuerzas de seguridad. En ese sentido, las autoridades destacan que el objetivo no es reemplazar a las fuerzas policiales, sino complementarlas en situaciones donde la intervención militar sea necesaria para garantizar la seguridad y el bienestar de la población.
El Decreto 1112/2024 marca un punto de inflexión en la estrategia de defensa nacional de Argentina, ampliando el horizonte de acción de las Fuerzas Armadas y preparándolas para enfrentar los nuevos desafíos globales en un contexto de creciente complejidad geopolítica y tecnológica. Con la nueva normativa, el gobierno espera fortalecer la capacidad de respuesta del país frente a las amenazas emergentes y asegurar la protección de los intereses nacionales en un mundo cada vez más interconectado y vulnerable a diversos tipos de riesgos.
