Por decreto, Javier Milei designará a García Mansilla y Lijo jueces de la Corte Suprema

En una medida que generó fuerte rechazo en diversos sectores políticos y judiciales, el gobierno de Javier Milei anunció este martes la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una decisión que busca esquivar el proceso legislativo habitual.

A través de un comunicado oficial, el Gobierno justificó la medida alegando la necesidad de «normalizar el funcionamiento» del máximo tribunal, que actualmente opera con solo tres jueces tras la salida de Juan Carlos Maqueda.

Sin embargo, la decisión de eludir el acuerdo del Senado hasta el próximo período legislativo fue interpretada por muchos como un atropello a la división de poderes y un intento de manipular la justicia a favor del oficialismo.

Organismos de derechos humanos, juristas y sectores de la oposición calificaron la designación «en comisión» como una maniobra inconstitucional, argumentando que la Carta Magna establece un procedimiento claro para la designación de jueces de la Corte, el cual incluye el aval del Senado. En este sentido, el comunicado oficial generó aún más controversia al afirmar que «en ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente en base a preferencias personales o políticas», lo que fue visto como una interpretación sesgada del rol del Poder Legislativo.

«Se trata de una intromisión del Ejecutivo en la independencia del Poder Judicial», advirtió un reconocido constitucionalista, señalando que, de consolidarse, este precedente podría debilitar el sistema de pesos y contrapesos sobre el que se basa la democracia.

El antecedente más cercano a una medida de estas características fue el intento de Mauricio Macri en 2015 de designar a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz por decreto, una decisión que desató un fuerte rechazo y que finalmente fue enmendada con el acuerdo del Senado en 2016. No obstante, la situación actual genera aún más preocupación debido al discurso del gobierno de Milei, que insiste en que los «intereses de la política» no deben interferir en la selección de jueces, una declaración que muchos interpretan como un intento de deslegitimar cualquier objeción a sus decisiones.

Desde la oposición ya anticiparon que recurrirán a la Justicia para impugnar la medida, mientras que distintos sectores jurídicos analizan posibles acciones para frenar lo que consideran una violación constitucional. La incertidumbre crece en torno a cómo responderá el Congreso y si esta decisión podría marcar un precedente peligroso para el equilibrio institucional del país.