Policia Federal: veintiún docentes despedidos en medio de acusaciones de persecución ideológica

En un reciente giro controversial, veintiún docentes del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA) fueron despedidos, suscitando un fuerte rechazo por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Según la resolución firmada por el rector Oscar Gutiérrez, la medida se justifica en la necesidad de ajustar los «perfiles» académicos de los educadores a las directrices establecidas por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

La resolución destaca que, tras un exhaustivo análisis del plantel docente, se determinó que muchos de los despedidos no poseen la experiencia ni el perfil adecuado en materia de investigación criminal y crimen complejo. Sin embargo, la decisión ha generado acusaciones de ilegalidad y persecución ideológica, dado que la mayoría de los afectados contaba con más de diez años al frente de sus cátedras.

Los despidos, retroactivos al 30 de septiembre, se producen a pesar de que los contratos docentes vigentes se extendían hasta fin de año. Esto despertó críticas furiosas de ATE, que asegura que la medida tiene como trasfondo una persecución hacia aquellos docentes comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la seguridad democrática.

Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, señaló en la carta dirigida a Luis Alejandro Rolle, jefe de la Policía Federal, que la resolución de cesantías es «manifiestamente ilegal e improcedente» y responde a una «persecución ideológica y política».

Este argumento se potencia al observar que muchos de los docentes despedidos habían mantenido una postura crítica con respecto a la gestión actual de la fuerza, evidenciando así un conflicto entre la academia y la política de seguridad vigente.

Entre los despedidos se encuentra Victoria Darraidou, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quien se encuentra en periodo de gravidez y cuya licencia de maternidad le ha sido negada. Darraidou expresó su preocupación ante la violación de derechos laborales y la violencia de género que enfrenta, afirmando que muchos de los docentes comparten un compromiso por una política de seguridad respetuosa de los derechos humanos.

Los docentes repudiados argumentan que, pese a las afirmaciones de falta de especialización, sus currículos sostienen una preparación sólida en áreas relevantes. Su destitución, notificada por correo electrónico, parece ser el resultado de un pedido explícito por parte de las altas autoridades de la institución, dejando en entredicho la transparencia del proceso.

El escenario plantea una interrogante crucial sobre los criterios de evaluación educativa en instituciones de formación policial y sobre el futuro de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana, un área que podría verse amenazada por el cambio de paradigma mencionado en la resolución. A medida que las tensiones entre la política de seguridad y los derechos laborales se intensifican, el caso de estos docentes despierta una creciente preocupación sobre la libertad académica y el respeto por los derechos humanos en el ámbito educativo de las fuerzas de seguridad.