Petro anunció acciones jurídicas contra fallo que le prohíbe usar redes y actos oficiales para hacer campaña

Esta decisión fue tomada mientras se estudia una acción de tutela presentada por un ciudadano, quien cuestiona las recientes declaraciones del mandatario sobre los aspirantes a la presidencia.

Durante la reunión del consejo de ministros celebrada este martes, el jefe de Estado, Gustavo Petro, manifestó que instruirá a su equipo legal para que interpongan los recursos pertinentes, luego de que un tribunal de Medellín le impidiera de forma temporal utilizar canales gubernamentales y espacios vinculados a su cargo para difundir mensajes de tipo electoral.

«Lo que se busca es silenciar a un Presidente de la República, elegido por voluntad popular, y hay jueces que lo respaldan. El último fallo sostiene que no puedo referirme a las elecciones. No lo acepto. Exijo que mis abogados actúen de inmediato. Si he mencionado a personas en campaña es porque cometen delitos y tengo el deber constitucional de denunciarlo», afirmó Petro.

El Juzgado 29 Laboral del Circuito de Medellín ordenó que, mientras se resuelve la tutela, el presidente se «abstenga de emplear los recursos, bienes, canales, espacios y plataformas propias de su investidura y del ejercicio de sus funciones» para «divulgar propaganda electoral o contenidos que busquen beneficiar o perjudicar, ya sea directa o indirectamente, a cualquier candidato presidencial».

La medida abarca «los discursos oficiales, los actos públicos que realice o a los que asista en su condición de Presidente, los foros nacionales e internacionales a los que accede por su cargo, y la cuenta @petrogustavo, por considerarse un medio para el ejercicio de la función pública».

El fallo también recordó que el 28 de mayo el Consejo de Estado ya había ordenado al mandatario que se limitara a no emitir mensajes de propaganda política, «dando cumplimiento al artículo 38, numeral 2, de la Ley 996 de 2005».

Cabe recordar que el pasado 10 de junio se generó controversia por una resolución que pretendía suspender de manera provisional al presidente Petro, acusándolo de intervención indebida en política. Dicho documento fue emitido por la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusaciones.

Sin embargo, se aclaró que la resolución carecía de sustento legal, ya que la facultad de suspender al Presidente reside en el Senado, no en dicha comisión de la Cámara. Por ello, la Procuraduría General de la Nación suspendió de forma provisional a Arizabaleta, al considerar que había incurrido en el delito de prevaricato.