10 de junio de 2026

Patricia Bullrich calificó el video de Nahuel Gallo «una pantomima del régimen» y exigió su liberación

Bullrich rechazó la grabación como «una pantomima del régimen» y exigió su inmediata liberación, subrayando que Argentina no acepta pruebas de vida manipuladas por el gobierno venezolano.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se expresó con firmeza hoy respecto al video divulgado por el gobierno de Nicolás Maduro, en el cual se muestra al gendarme argentino Nahuel Gallo, quien fue secuestrado en Venezuela el pasado 8 de diciembre.

«No aceptamos ningún juego de una aparición, de una foto, que aparece en un lugar desconocido, caminando, sin sonido y sin fecha», aseguró la ministra, quien calificó el video como un intento de legitimación por parte de la dictadura venezolana. En las imágenes, Gallo aparece caminando por un patio junto a otros detenidos, vistiendo un conjunto deportivo celeste y aparentemente en buen estado de salud. La grabación no proporciona detalles claros ni contexto sobre el lugar o las circunstancias.

El video fue publicado luego de intensas presiones por parte de la familia de Gallo, que había solicitado al gobierno argentino una «fe de vida» para confirmar la situación de salud y bienestar del gendarme. La pareja de Gallo, María Alexandra Gómez, quien lo esperaba en Caracas cuando fue secuestrado, reconoció a su pareja en las imágenes, pero la respuesta del gobierno argentino fue tajante.

Bullrich, quien ha sido un fuerte crítico del régimen de Maduro, advirtió que «lo único que Argentina acepta es que sea puesto en un avión y enviado al país». En este sentido, insistió en que el gobierno de Maduro no puede usar una «pantomima» como prueba de vida, ya que la situación de Gallo debe resolverse con su regreso seguro a Argentina. «No existe una condición de mostrar que lo tienen bien, como si fuese un régimen normal. Esto es una dictadura y las dictaduras hacen estas cosas, dan pruebas de vida», indicó la ministra.

El gobierno venezolano sostiene que Gallo es un «agente infiltrado» y lo acusa de realizar actividades de espionaje, sabotaje y terrorismo, sin embargo, las autoridades argentinas han aclarado que el gendarme contaba con la autorización correspondiente para viajar a Venezuela con fines personales, para reencontrarse con su pareja y su hijo.

En respuesta al secuestro, el gobierno argentino ha presentado un caso ante la Corte Penal Internacional (CPI), calificando el hecho como una «violación grave y flagrante de los derechos humanos» y destacando que este tipo de acciones forman parte de un «patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad» llevado a cabo por el régimen de Maduro.

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