Paritarias bajo control: el ajuste salarial detrás de la baja de la inflación

Mientras el gobierno de Javier Milei celebra la desaceleración de la inflación como uno de los pilares de su “éxito económico”, el costo real de esta política comienza a mostrar su rostro más crudo: una caída sostenida del poder adquisitivo de los salarios.

Detrás del relato de la estabilización macroeconómica, se impone un ajuste salarial silencioso pero profundo, sostenido en una estrategia de intervención directa sobre las paritarias.

El resultado, según diversos informes sindicales y relevamientos económicos, es una pérdida real de ingresos que afecta tanto al sector público como al privado, y que en algunos casos ya retrotrae los salarios a niveles de principios de siglo.

En los primeros seis meses de 2025, la política de “paritarias intervenidas” dejó un saldo alarmante: solo dos gremios lograron aumentos salariales por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Se trata de los aceiteros y los municipales de Vicente López, dos excepciones en un mapa generalizado de retroceso.

El resto de los sindicatos –incluidos pesos pesados como Camioneros, Comercio, UOM o Sanidad– no lograron romper el techo impuesto por el Ejecutivo, que valida acuerdos solo dentro del margen del 1 o 2 por ciento. El trasfondo de esta política es claro: el gobierno sostiene que aumentos por encima de la inflación generan “presión inflacionaria”, una lógica que prioriza el anclaje de expectativas por sobre las condiciones de vida concretas.

El costo de esta estrategia no es menor. Un informe reciente del Centro CIFRA de la CTA de los Trabajadores da cuenta de una caída del 6 por ciento del salario real registrado en relación con noviembre de 2023.

Deterioro salarial

Si se amplía la perspectiva, el deterioro se vuelve más dramático: los sueldos actuales son 5,6 por ciento inferiores a los de noviembre de 2019, y casi 24 por ciento más bajos que en 2015. El golpe más duro lo recibe el sector público, donde los ingresos se encuentran un 38,4 por ciento por debajo del último año del kirchnerismo. La promesa de un “Estado eficiente” se está cumpliendo a fuerza de recortes salariales.

Los efectos se replican en todo el país. En Mar del Plata, las cadenas mayoristas se niegan a pagar un bono acordado en la última paritaria mercantil, alegando que el acuerdo no fue homologado por la Secretaría de Trabajo. El Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica (SECZA) denunció esta maniobra como parte de la estrategia oficial para desconocer acuerdos que superen los límites impuestos. La paradoja es brutal: mientras se pregona la libertad de mercado, se imponen techos autoritarios a las negociaciones colectivas.

El caso de los trabajadores municipales revela la profundidad del ajuste. Según la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), el salario mínimo vital y móvil –que muchas intendencias toman como referencia– cubre apenas el 27,7 por ciento de la canasta básica.

En municipios como Merlo o La Matanza, los sueldos básicos ni siquiera alcanzan para evitar la indigencia. En Guaminí, se congelaron salarios y se redujeron horas extras; en Saavedra, se recortaron los sueldos en un 13 por ciento. Mientras tanto, el gobierno promueve estos casos como ejemplos de “racionalidad fiscal”.

Creciente descontento social

Esta estrategia ha generado una situación contradictoria. Por un lado, la baja inflación ha fortalecido la imagen del gobierno ante sectores de la clase media y algunos actores económicos. Por el otro, la falta de recuperación salarial alimenta un creciente descontento social. La protesta de los médicos residentes del Hospital Garrahan es solo un anticipo de lo que podría convertirse en una nueva ola de conflicto sindical. La amenaza latente es clara: detrás de la disciplina salarial se esconde una bomba de tiempo social.

La gestión de Luis Caputo, cerebro económico del plan, se sostiene sobre un delicado equilibrio entre represión salarial, baja del gasto público y control de expectativas. Pero si ese equilibrio se rompe, los costos políticos podrían ser tan grandes como los sociales. En ese contexto, la judicialización de la política –marcada por la ofensiva judicial contra Cristina Fernández de Kirchner– aparece no solo como una estrategia de disciplinamiento institucional, sino también como una forma de encubrir el ajuste más duro desde la crisis de 2001.

El gobierno libertario podrá aplaudirse por bajar la inflación. Pero la pregunta de fondo es quién paga esa cuenta. La respuesta, por ahora, la dan los sueldos que retroceden, las paritarias pisadas y la creciente precariedad de los ingresos populares.