Organizaciones en alerta por el desguace de la secretaría de Derechos Humanos en Argentina

Los despidos masivos en esta dependencia han encendido alarmas sobre el futuro de políticas críticas en memoria, verdad y justicia, y podrían acarrear serias consecuencias a nivel internacional.

En un contexto de creciente tensión, organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos han denunciado que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, avanza con un plan que podría vaciar áreas fundamentales de la Secretaría de Derechos Humanos.

A lo largo del año, Cúneo Libarona ha decidido no renovar cientos de contratos de trabajadores esenciales para la implementación de programas que han sido reconocidos por su efectividad en la promoción de los derechos humanos. En un comunicado firmado por los principales organismos de derechos humanos del país, se advierte que esta situación «tendrá un impacto importante en el funcionamiento de decenas de programas que en los últimos años funcionaron con éxito».

La situación ha llevado a un creciente clamor por parte de las organizaciones, que han alertado sobre el «ajuste brutal» que se está llevando a cabo en la Secretaría. «El despido de cientos de trabajadores, trabajadoras, profesionales, operadores y administrativos terminará por destruir la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación», advierten las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Abuelas de Plaza de Mayo en su declaración. La misiva también menciona la eliminación de incentivos y la drástica reducción de salarios, lo que en palabras de las organizaciones implica «una total pauperización» del personal.

Además, las agrupaciones han denunciado la supresión de equipos de patrocinio jurídico en casos de violencia de género y la reducción de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), vitales para la atención de comunidades vulnerables. Estas decisiones, según los organismos, no solo constituyen un ataque a los derechos laborales, sino que también ponen en riesgo el cumplimiento de normativas nacionales e internacionales sobre derechos humanos.

Desde las organizaciones han enfatizado que estas acciones podrían ser calificadas como «delitos gravísimos», lo que llevaría a los funcionarios responsables a rendir cuentas tanto a nivel local como internacional. “De no escucharse nuestro reclamo, instaremos a los demás poderes del Estado a hacer cumplir la Constitución y el Estado de derecho”, afirmaron, haciendo un llamado urgente a la necesidad de proteger los valores democráticos consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales.

Por su parte, el entorno de Cúneo Libarona ha minimizado la preocupación manifestando que la situación no tiene impacto en la agenda pública. El ministro, que ha enfrentado críticas por su gestión, ha centrado sus esfuerzos recientes en la implementación de un nuevo sistema acusatorio para combatir el narcotráfico, asegurando que este ha permitido acelerar los procesos judiciales en casos relacionados con el crimen organizado.

Sin embargo, el silencio del ministro ante las demandas de los organismos de derechos humanos ha generado un clima de incertidumbre y preocupación sobre el futuro de las políticas en esta materia, que son fundamentales para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. La comunidad internacional estará atenta a los desarrollos de esta situación, que podría tener repercusiones en la imagen de Argentina en el ámbito de los derechos humanos.