Objetivo cumplido: EE.UU. se queda con una quinta parte de reservas petroleras de Venezuela
La especulación mueve intereses entre los dos países. Por un lado Washington busca petróleo más barato antes de unas elecciones legislativas cruciales, En tal sentido Nicolas Maduro no era el objetivo, eran los recursos naturales de Venezuela, Por otro lado Caracas apuesta a que la inversión estadounidense sea el precio necesario para reconstruir su economía. El tiempo determinará si se trata de una alianza pragmática para salir de la crisis o del comienzo de una nueva dependencia energética.
La aprobación por parte de la Asamblea Nacional venezolana de un acuerdo que concede a Estados Unidos un control significativo sobre activos petroleros del país marca un giro de enorme trascendencia económica y geopolítica.
Bajo el argumento de recuperar la producción, atraer inversiones y reducir la influencia de Rusia y China, Washington consolida una posición privilegiada sobre uno de los principales recursos estratégicos de Venezuela.
El acuerdo contempla el acceso preferente a 17 yacimientos petrolíferos y una participación estadounidense del 35% en North American Blue Energy Partners (NABEP), empresa privada dirigida por el empresario venezolano Alejandro Betancourt.
Además, Washington obtendría derechos para adquirir una quinta parte del petróleo producido por la compañía al costo de extracción, mientras que ciudadanos estadounidenses pasarían a controlar la mayoría del directorio y el Gobierno de Estados Unidos conservaría capacidad de veto sobre sus integrantes.
Más que una operación estrictamente empresarial, el convenio evidencia hasta qué punto la política energética venezolana está quedando condicionada por los intereses estratégicos de Estados Unidos.
La recuperación de una industria petrolera devastada por años de crisis, falta de inversiones, corrupción y deterioro de la infraestructura aparece así vinculada a una creciente dependencia del capital y de las decisiones de Washington.
El Gobierno venezolano presenta el acuerdo como una oportunidad para transformar los recursos enterrados en ingresos, inversiones y empleo.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, defendió esa posición con una pregunta tan sencilla como políticamente significativa: ¿de qué sirve el petróleo si permanece bajo tierra?
El argumento, sin embargo, deja abierta una cuestión central: qué porcentaje del beneficio generado por esos recursos permanecerá realmente bajo control venezolano y cuánto terminará respondiendo a los intereses estadounidenses.
Diputados opositores se abstuvieron de respaldar la iniciativa porque, según denunciaron, desconocían las condiciones completas del acuerdo. La exigencia de conocer la denominada «letra pequeña» adquiere especial relevancia cuando están en juego activos estratégicos de un país que posee algunas de las mayores reservas petroleras del planeta.
El problema, por tanto, no es únicamente cuánto petróleo se producirá, sino quién decidirá sobre su explotación, quién controlará los ingresos y quién tendrá capacidad para determinar el rumbo de una industria fundamental para la economía venezolana.
El componente geopolítico del acuerdo es difícil de ignorar. Estados Unidos no solo busca incrementar la producción venezolana: también pretende desplazar la influencia que Rusia y China habían acumulado durante años en el sector energético del país.
La llegada del secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, y la prevista expansión de las operaciones de Chevron reflejan que la estrategia de Washington trasciende el terreno diplomático. El petróleo venezolano vuelve a convertirse en una pieza central de la política exterior estadounidense en América Latina.
El secretario de Estado Marco Rubio justificó el acuerdo como un mecanismo para «normalizar» la economía venezolana mediante inversión privada y aumento de la producción.
Desde la perspectiva de Washington, la fórmula ofrece un doble beneficio: recuperar una fuente cercana de suministro energético y reducir la presencia de potencias rivales en lo que Estados Unidos considera históricamente su área de influencia.
En otras palabras, la crisis venezolana también se está convirtiendo en una oportunidad para rediseñar el mapa de poder energético del continente.
El Gobierno estadounidense sostiene que el acuerdo contribuirá a reducir los precios de los combustibles para los consumidores estadounidenses. Donald Trump, de hecho, presentó la estrategia como parte de su objetivo de reforzar el «dominio energético» de Estados Unidos.
Pero existe una contradicción evidente: mientras Washington habla de impulsar la recuperación económica de Venezuela, el diseño del acuerdo otorga a actores estadounidenses una capacidad de decisión considerable sobre activos petroleros venezolanos.
La pregunta inevitable es si se trata de una asociación entre iguales o de una relación marcada por la enorme asimetría de poder entre ambos países.
Venezuela necesita inversiones, tecnología y capital para reconstruir una industria petrolera profundamente deteriorada. Estados Unidos, por su parte, necesita nuevas fuentes de petróleo y busca limitar la influencia de sus competidores globales.
La coincidencia de intereses existe, pero eso no significa que los beneficios y el poder de negociación estén distribuidos de manera equilibrada.
Otro de los puntos sensibles es la participación de Alejandro Betancourt, empresario venezolano vinculado a negocios realizados durante el Gobierno de Hugo Chávez y señalado en acusaciones relacionadas con corrupción en PDVSA.
Su empresa NABEP se convierte en una pieza central del nuevo esquema petrolero. Un alto funcionario estadounidense defendió la elección calificando a Betancourt como un operador experimentado, aunque admitió que la política internacional obliga en ocasiones a trabajar con figuras controvertidas.
La explicación resulta particularmente reveladora: Washington afirma combatir la corrupción de la industria petrolera venezolana al mismo tiempo que incorpora al nuevo esquema a un empresario cuya trayectoria está rodeada de cuestionamientos.
Esto expone una de las contradicciones más profundas del acuerdo. La lucha contra la corrupción puede convertirse, si no existe transparencia, en un argumento utilizado para justificar una nueva estructura de control sin resolver necesariamente los problemas históricos de fondo.
El Gobierno venezolano insiste en que el convenio representa cooperación y prosperidad, no subordinación. Pero los mecanismos establecidos permiten cuestionar esa interpretación.
Si Estados Unidos controla una parte significativa de los activos, dispone de capacidad de veto sobre el directorio, obtiene condiciones preferenciales para adquirir petróleo y desplaza a empresas vinculadas a Rusia y China, resulta difícil considerar el acuerdo exclusivamente como una operación comercial.
El petróleo vuelve a ser, una vez más, una herramienta de poder.
Para Washington, representa suministro, influencia regional y una forma de recuperar terreno frente a Moscú y Pekín. Para Caracas, puede significar una vía rápida para obtener inversiones y reactivar una industria en crisis.
Pero también implica aceptar una relación de dependencia que puede limitar la autonomía futura de Venezuela sobre uno de sus recursos fundamentales.
El debate, por lo tanto, no debería reducirse a cuánto petróleo volverá a producir Venezuela. La cuestión verdaderamente estratégica es quién tendrá la última palabra sobre ese petróleo y sobre los miles de millones de dólares que genere.
En un país donde el petróleo fue históricamente sinónimo de poder político, económico y soberanía, entregar a una potencia extranjera una participación decisiva en su explotación no es un simple acuerdo empresarial.
Es una transformación profunda de las relaciones de poder en Venezuela y, potencialmente, un nuevo capítulo en la disputa de Estados Unidos por recuperar el control estratégico de su vecindario latinoamericano.
